El dolor de la ausencia no da tregua en El Salvador. La incertidumbre de no saber dónde está un ser querido convierte las horas en un peso insoportable y la rutina en una constante interrogante.
Ante la disolución de diversas organizaciones de apoyo humanitario y el agotamiento de recursos para acompañar a las víctimas, el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas se ha consolidado como una trinchera de resiliencia, articulación comunitaria y dignidad.
En entrevista exclusiva con Infobae, Josefa Mejías López y Guadalupe Beatriz Hernández Balzar reconstruyen la memoria de sus hijos, denunciando los obstáculos burocráticos y reafirmando un compromiso inquebrantable: no dejar que el olvido se borre sus nombres.
El sábado 14 de abril de 2018, la rutina de la familia Mejía se fracturó para siempre. Juan Antonio Mejía Mejía, de 26 años, trabajaba repartiendo agua embotellada en el municipio de Ilopango. Llevaba puesto su uniforme de trabajo, sus botas de hule y cargaba un bolso negro donde guardaba ropa de cambio y mangas de tela para protegerse del sol.
Aquel día era decisivo en la vida del joven. Padre de dos niños que en ese momento tenían tres y seis años, Juan Antonio había tomado la decisión de separarse de su pareja e irse a vivir con su madre, Josefa Mejías López, a la colonia La Selva. Quería ahorrar esa última semana de trabajo para actualizar su currículum y buscar un empleo nuevo que le permitiera seguir pagando la vivienda que había adquirido a través del Fondo Social para la Vivienda.
Sin embargo, al terminar la tarde, el joven no llegó ni a la casa que dejaría ni a la de su madre. La desesperación de Josefa comenzó a marcar la hora desde la 1:00 p.m. Al no tener noticias, empezó una búsqueda que no se ha detenido un solo día. “Empezó la angustia, el dolor, el deseo de encontrarlo. Lo he buscado yo como mamá, en que nadie me hizo caso, ni las autoridades. Yo lo busqué bajo de puentes, en los montes, en los tubos de agua, en las colonias, en los hospitales”, relató Josefa a Infobae.
Las primeras horas estuvieron marcadas por la falta de empatía institucional, cuando le indicaron que debía esperar 72 horas para interponer formalmente la denuncia. Durante dos años acudió de forma periódica a la Fiscalía General de la República, donde era sometida a entrevistas repetitivas sin obtener avances sobre las bitácoras telefónicas.
A lo largo de los años, Josefa ha recorrido comandancias, centros penales, la morgue de Medicina Legal, el Seguro Social e instalaciones de las Fuerzas Armadas. Días antes de su desaparición, Juan Antonio le había expresado temores sobre situaciones de riesgo en sus rutas de reparto, mencionando presiones por cobro de extorsión o “renta” en zonas como Las Margaritas en Soyapango, así como conflictos personales en su entorno cercano.
A pesar de haber sido citada para pruebas de ADN tras el hallazgo de restos en Cumbres de San Bartolo que vestían prendas similares a las de su hijo, resultado que finalmente no arrojó coincidencia, Josefa exige la creación de un banco genético unificado para que las muestras no se pierdan.
Tras unirse al Bloque de Búsqueda, sostiene su fe con firmeza: “Yo no quisiera morirme pensando que a mi hijo no lo pude encontrar, ni siquiera su cuerpo. Nosotros, lo que queremos es que nos ayuden a darnos esa ley para ser respaldadas. Si hubiera un banco, mi sangre estuviera guardada”.
Guadalupe Beatriz Hernández y la herida abierta por su hija y yerno
En la costa del departamento de La Libertad, el dolor de Guadalupe Beatriz Hernández Balzar se mantiene intacto desde el 19 de abril de 2021. Ese día, su hija Marcela Jacqueline Rojas Hernández, de 22 años, desapareció sin dejar rastro en la capital.
Marcela trabajaba elaborando arreglos florales en un negocio del mercado San Miguelito en San Salvador. Para evitar los largos trayectos diarios desde La Libertad, la joven alquilaba un cuarto en un mesón de la zona de Don Rúa, en San Salvador.
Marcela compartía su vida con su pareja, Ricardo Alfredo Durán, también de 22 años, quien trabajaba en el mismo sector del mercado. La mañana de aquel lunes 19 de abril, ambos salieron del mesón con dirección a sus labores a las 5:00 a.m., pero ninguno se presentó a trabajar ni volvió a la habitación. A las 5:00 p.m., la familia fue alertada de que la pareja no daba señales de vida.
Guadalupe inició una travesía desesperada acudiendo a centros asistenciales, morgues, hospitales y dependencias de la Policía Nacional Civil. Al consultar en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se encontró con la frialdad de las respuestas institucionales. “Aún hasta fui a la PDH y mejor me dijeron de que cuidara a mi hijo que tenía vivo, que ya no anduviera buscando a alguien que ya estaba muerto”, recordó Guadalupe en entrevista con Infobae.
La desaparición de la pareja dejó un vacío profundo y una enorme responsabilidad sobre los hombros de Guadalupe, quien tuvo que asumir de forma absoluta la crianza, educación y sostenimiento de los dos hijos de Marcela, que hoy enfrentan la infancia sin su madre. Con escasos recursos y enfrentando problemas de salud en su entorno familiar, la carga económica y emocional ha sido devastadora.
A pesar del temor y de las sospechas familiares sobre las presiones de pandillas y conflictos del pasado que rodeaban el entorno de los jóvenes, Guadalupe encontró una luz en el camino un año después de la desaparición, al incorporarse al Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El colectivo le brindó asesoría jurídica y un espacio seguro para hablar sin miedo.
“Uno sabe lo que nosotros sufrimos a diario. Yo antes ni hablar de esto podía”, confesó a Infobae, destacando cómo el apoyo de sus compañeras de lucha le ha devuelto las fuerzas para exigir que el Estado no abandone a las familias ni a los niños que han quedado en la orfandad. “Yo en lo personal quisiera que nos apoyaran, aún hasta con los niños que ella ha dejado. Nosotros solo pedimos ser escuchados”.