Costa Rica se mantuvo en el Nivel 2 del informe sobre trata de personas de 2026 porque, aunque el Gobierno incrementó sus esfuerzos, no cumplió plenamente con las normas mínimas para erradicar ese delito. Las autoridades condenaron a más tratantes, procesaron a un funcionario por presunta complicidad e iniciaron un protocolo para el sector pesquero y acuícola, pero investigaron y procesaron menos casos que el año anterior, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Las posibles víctimas explotadas fuera de la capital debían trasladarse a San José para ser entrevistadas y obtener la acreditación necesaria para acceder a servicios. Ese requisito limitó el acceso a la certificación y a la asistencia, mientras que los albergues y servicios para hombres adultos continuaron siendo insuficientes.
Durante 2025, las autoridades investigaron 86 casos: 53 vinculados con explotación sexual y 33 con explotación laboral. La cifra fue inferior a los 97 expedientes investigados en 2024.
El Gobierno procesó a siete sospechosos, cinco por trata sexual y dos por trata laboral, frente a 10 acusados el año anterior. Los tribunales condenaron a 10 tratantes, ocho por explotación sexual y dos por explotación laboral, mientras que en 2024 solo habían sido condenadas dos personas por trata laboral.
Penas de hasta 16 años y causas aún pendientes
El artículo 172 del Código Penal sancionaba la trata con fines de explotación sexual y laboral con penas de seis a 10 años de prisión cuando la víctima era adulta, y de ocho a 16 años cuando era menor de edad. Para el Departamento de Estado, esas condenas resultaban suficientemente graves y, en los casos de explotación sexual, proporcionales a las aplicadas por delitos como la violación.
La norma, sin embargo, incluía dentro de la definición de trata la adopción ilegal sin fines de explotación, un alcance que no se ajustaba a la definición prevista por el derecho internacional. Los funcionarios también utilizaron figuras penales relacionadas para procesar estos hechos.
El artículo 170, sobre proxenetismo agravado, y el artículo 171, sobre proxenetismo coactivo, contemplaban penas de entre dos y 10 años de cárcel. El artículo 189 castigaba el trabajo o los servicios forzados con condenas de seis a 10 años.
Durante el período evaluado, el país modificó el Código Penal para penalizar el reclutamiento deliberado de menores de edad para participar en la comisión de delitos. La ley fijó penas de cuatro a seis años, que ascendían a entre cuatro y ocho años si el responsable obligaba al menor mediante fuerza o coacción.
Ocho de las 10 condenas registradas en 2025 se dictaron bajo la legislación específica contra la trata y las otras dos se basaron en normas diferentes. Las penas impuestas a los condenados oscilaron entre ocho y 14 años de prisión.
Los fiscales también continuaron con 16 causas iniciadas en años previos, en las que participaba un número indeterminado de sospechosos. Esos expedientes permanecían en trámite durante el período relevado.
Un funcionario procesado y recursos insuficientes
Los casos de corrupción y complicidad involucraron a algunos funcionarios gubernamentales. El Gobierno detuvo y procesó a un empleado del Ministerio de Trabajo acusado de pagar por actos sexuales con un menor de edad víctima de trata sexual.
También se mantuvieron los cargos presentados en 2016 contra un exalcalde y otros dos exfuncionarios locales, señalados por presuntamente dirigir una red de trata sexual de menores. El juicio todavía no había comenzado.
Costa Rica colaboró con otros gobiernos en operaciones policiales e investigaciones conjuntas sobre casos de trata. A nivel interno, mantuvo unidades especializadas de policía y fiscalía, aunque la falta de fondos y de personal redujo su capacidad para investigar y procesar delitos de este tipo.
Los fiscales especializados intervenían directamente en los casos detectados en San José y brindaban apoyo a investigadores y fiscales de otras zonas del país. Además, funcionaban 13 grupos de trabajo provinciales para coordinar a fiscales locales y nacionales y facilitar la gestión de los expedientes.
La capacidad institucional variaba según la región. Algunos funcionarios locales no habían recibido capacitación suficiente para identificar posibles situaciones de trata ni para solicitar asistencia especializada durante la preparación de los casos.
Con frecuencia, las fuerzas policiales imputaban a los tratantes por delitos previstos en otras leyes, algunas con penas menores que las establecidas en la norma específica. El Gobierno impartió capacitaciones a agentes encargados de hacer cumplir la ley, incluidos cursos especializados dirigidos a fiscales de zonas rurales.