Bolivia investiga las amenazas que habría recibido la familia del presidente Rodrigo Paz, presuntamente vinculadas con las acciones que lleva adelante su Gobierno contra organizaciones criminales, informó el lunes el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.
“Hay una serie de amenazas contra la familia presidencial. Estamos investigando”, declaró Oviedo a periodistas en La Paz, sin precisar el número de intimidaciones registradas ni identificar a sus presuntos responsables.
El ministro dijo que las autoridades darán a conocer información cuando dispongan de evidencia suficiente sobre el caso.
Paz advirtió el lunes que sus familiares enfrentan riesgos por las decisiones adoptadas contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en marzo y expulsado a Estados Unidos, y otras organizaciones criminales. “Mi familia tiene riesgo por haber tomado decisiones contra los Marset, contra los criminales de alta alcurnia”, afirmó durante un acto de promulgación de una ley relacionada con los depósitos judiciales.
El mandatario también alertó sobre las presiones que enfrentan los operadores de justicia, especialmente los jueces que trabajan en regiones fronterizas, donde, según dijo, las amenazas de grupos armados pueden condicionar sus decisiones. “No puede ser que la amenaza del crimen organizado sea la que dicte las sentencias en Bolivia”, sostuvo.
Es la segunda vez en menos de diez días que el presidente hace referencia a los riesgos a los que él y su familia estarían expuestos. El 11 de octubre, durante un acto en Cobija, una ciudad amazónica al norte del país, Paz relató que le habían recomendado no viajar a esa ciudad por el riesgo que suponía para su vida.
Según dijo, la advertencia se produjo pocos días después de la captura de Marco de Oliveira Ferreira, identificado por las autoridades como un miembro importante del Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil y que opera en Bolivia.
Estas denuncias se producen en medio de la ofensiva del gobierno contra líderes de organizaciones criminales y de investigaciones sobre presuntos nexos entre estas redes y funcionarios de la justicia boliviana.
El ministro Oviedo ha advertido sobre la expansión de estructuras criminales, particularmente las brasileñas PCC y el Comando Vermelho, en zonas clave para las rutas del narcotráfico, mientras las autoridades investigan posibles casos de corrupción y protección institucional.
Aumento de la violencia
En los últimos meses se registró un aumento de la violencia vinculada al crimen organizado principalmente en el departamento de Santa Cruz, al este del país, donde las autoridades han atribuido varios episodios a disputas entre organizaciones transnacionales por el control del narcotráfico.
En respuesta, autoridades de Bolivia y Brasil pusieron en marcha en agosto el plan binacional “Fronteras Seguras”, para combatir el crimen mediante operaciones policiales coordinadas, intercambio de información y presencia permanente en zonas consideradas críticas.
La estrategia contempla la capacitación y el despliegue de unidades policiales especializadas en zonas donde se han registrado hechos de violencia y para enfrentar la expansión de las organizaciones criminales.
Sin embargo, a pesar de las iniciativas estatales, solo en el mes de septiembre se produjeron 14 asesinatos en Bolivia presuntamente relacionados con disputas por el tráfico de droga.