El proyecto de Ciudad Gobierno, una de las iniciativas destinadas a transformar la infraestructura del sector público costarricense, volvió al centro del debate legislativo tras la comparecencia de la ministra de Planificación, Karla Morales, ante la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.
Durante la audiencia, la jerarca defendió la propuesta que busca concentrar inicialmente a 35 instituciones públicas en un complejo ubicado en el centro de San José, con el propósito de disminuir la dependencia de edificios privados y mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía.
Según las estimaciones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la iniciativa permitiría generar un ahorro de aproximadamente 26 millones de dólares anuales en alquileres, uno de los principales argumentos utilizados para justificar su desarrollo.
El proyecto contempla una infraestructura de 153,000 metros cuadrados, con capacidad para albergar a unos 10,700 funcionarios públicos, quienes actualmente laboran en distintas instalaciones.
Sin embargo, el mecanismo de financiamiento provocó cuestionamientos entre los legisladores, especialmente por las obligaciones económicas que asumiría el Estado durante las próximas décadas.
La propuesta establece que el complejo se desarrollaría mediante un contrato de arrendamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un plazo inicial de hasta 30 años.
Durante la discusión, uno de los diputados cuestionó si los ahorros proyectados ya contemplaban los pagos que el Gobierno tendría que realizar al organismo financiero o si esas obligaciones deberían descontarse de los beneficios anunciados.
Ante las consultas, Morales reconoció que las proyecciones financieras todavía requieren ajustes y que será necesario avanzar en otras etapas para determinar con mayor precisión los costos y beneficios económicos.
“Esa es una estimación que se tiene que afinar, porque precisamente para eso necesitamos este proceso, para poder avanzar a las etapas subsiguientes”, explicó la ministra.
La funcionaria señaló que durante una primera etapa las instituciones deberán continuar realizando desembolsos equivalentes a los alquileres actuales, aunque posteriormente estos pagos estarían vinculados con la operación del nuevo complejo.
Además, distinguió entre una fase inicial de inversión y otra relacionada con el mantenimiento de los edificios a largo plazo.
Cuestionamientos por millonarios alquileres del Estado
Otro de los temas abordados durante la audiencia fue el elevado gasto histórico del Estado costarricense en el arrendamiento de inmuebles privados.
Durante su intervención, la legisladora oficialista, Zaira Murillo, hizo referencia a investigaciones de medios como La Nación y Semanario Universidad, que han documentado contratos en los cuales las instituciones terminaron pagando cantidades considerablemente superiores al valor de los edificios alquilados.
Como ejemplo, mencionó el caso de Torre Mercedes, donde, según lo expuesto en la comisión, los pagos acumulados habrían alcanzado los 13,500 millones de colones (USD 29 millones), equivalentes a aproximadamente 6,5 veces el valor del inmueble.
También recordó que, de acuerdo con cifras atribuidas a la Contraloría General de la República, el gasto estatal en alquileres superaba los 104,000 millones de colones (USD 227 millones) anuales en 2020.
Frente a estos señalamientos, Morales sostuvo que Ciudad Gobierno pretende cambiar el modelo tradicional de ocupación de inmuebles y reducir la dispersión institucional.
“El proyecto lo que propone es eso precisamente, es revertir no solo esta dispersión en la ubicación, sino en el uso de los recursos”, manifestó.
Terreno del Liceo de Costa Rica genera discusión
La audiencia también abordó la situación de un terreno vinculado al Liceo de Costa Rica, cuya propiedad se pretende reintegrar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para desarrollar parte de las obras.
Según explicó la ministra, actualmente el inmueble se encuentra en desuso para actividades educativas y funciona como estacionamiento.
No obstante, diputados expresaron preocupación por la ausencia de medidas de compensación claramente establecidas para la comunidad estudiantil, considerando que el terreno podría aprovecharse para futuras ampliaciones.
La jerarca aseguró que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha mantenido conversaciones con la junta administrativa y la dirección del colegio para atender necesidades de mantenimiento, mejoras y eventuales ampliaciones de las instalaciones existentes.
De concretarse, Ciudad Gobierno se levantaría en los terrenos que actualmente ocupa el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en el centro de San José, con la expectativa de concentrar servicios públicos, reducir gastos de funcionamiento y modificar el modelo de infraestructura institucional del país.