Los conductores que manejen bajo los efectos del alcohol o las drogas podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión en Honduras si se aprueba una iniciativa legislativa que busca endurecer las sanciones por conducción temeraria y reforzar los mecanismos legales para procesar a quienes incumplan las normas de seguridad vial.
La propuesta, denominada Ley Ruta Segura, fue impulsada por el diputado liberal Alex Berríos ante el Congreso Nacional y contempla reformas al artículo 323 del Código Penal, disposición relacionada con el delito de conducción temeraria.
El proyecto pretende aumentar los castigos actuales y establecer diferentes rangos de penas según el tipo de vehículo involucrado, tomando en consideración los riesgos que puede representar la conducción bajo los efectos de sustancias que alteren las capacidades de una persona.
Actualmente, el artículo 323 del Código Penal contempla penas de seis meses a tres años de prisión por conducción temeraria, cuando se cumplen las condiciones legales previstas para configurar ese delito.
La iniciativa busca modificar ese marco sancionatorio y establecer consecuencias más severas para quienes conduzcan después de consumir bebidas alcohólicas o drogas, en el contexto de una discusión sobre la prevención de accidentes y la responsabilidad de los conductores en las carreteras hondureñas.
Uno de los principales cambios contemplados en la Ley Ruta Segura es la creación de dos rangos de sanciones, diferenciados según las características del vehículo que conduzca la persona señalada.
Para quienes manejen vehículos livianos bajo los efectos del alcohol o las drogas, la iniciativa plantea penas de entre dos y cinco años de prisión.
En el caso de los conductores de vehículos pesados, el proyecto propone elevar las sanciones a un rango de cinco a diez años de cárcel, debido a los riesgos asociados con la conducción de unidades de mayor tamaño y peso.
Esta distinción busca establecer consecuencias más severas para quienes conduzcan vehículos que, por sus dimensiones y características, pueden representar un peligro considerable para otros usuarios de las vías.
La propuesta supondría un incremento respecto a las penas contempladas actualmente en el artículo 323 del Código Penal. Sin embargo, los rangos planteados todavía dependen del avance y la aprobación del proyecto en el Poder Legislativo.
La iniciativa no se limita a incrementar las penas de prisión. También plantea modificaciones en los mecanismos legales para acreditar que una persona conducía bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Entre los puntos incluidos figura el papel de las pruebas de alcoholemia y los análisis toxicológicos dentro de los procedimientos penales relacionados con la conducción temeraria.
El proyecto busca que los resultados de estos exámenes tengan un peso determinante para establecer la presencia de sustancias que puedan alterar las capacidades de los conductores.
Asimismo, plantea facilitar la acreditación del delito en las circunstancias previstas por la reforma, sin exigir que las autoridades demuestren un peligro concreto adicional cuando los elementos establecidos en la propuesta permitan configurar la conducta sancionada.
Con este planteamiento, los promotores buscan modificar los requisitos legales que deben cumplirse para procesar a una persona que conduce después de consumir alcohol o drogas.
La iniciativa también contempla disposiciones relacionadas con el consumo de medicamentos por personas que presentan condiciones médicas comprobadas, un aspecto que deberá evaluarse conforme al alcance de la redacción legislativa y los criterios que finalmente sean aprobados.