El Poder Judicial de Costa Rica advirtió que la reclasificación de 63 jueces necesaria para aplicar la reforma procesal penal tendría un costo de ¢ 290 millones (USD 640,468). La estimación, elaborada por la Dirección de Planificación, forma parte de las observaciones al proyecto que impulsa el Gobierno de Laura Fernández, según publicó El Observador.
La iniciativa busca reemplazar las actuales audiencias preliminares por una única etapa anterior al juicio. El Poder Judicial sostuvo que el cambio exigiría más personal, recursos técnicos y una redistribución de funciones entre los jueces penales y los tribunales de juicio.
La reforma del Código Procesal Penal propone que una sola audiencia resuelva las medidas alternas y el control de la acusación, tareas que hoy se tratan durante la etapa intermedia. Después de ese trámite, el juicio quedaría en condiciones de programarse de inmediato, con el objetivo de reducir la duración de los procesos y sus costos.
La reforma trasladaría decisiones del juez penal al Tribunal de Juicio
La modificación concentraría en el Tribunal de Juicio atribuciones que actualmente ejerce el juez penal. Entre ellas figura la valoración de eventuales medidas alternas y la revisión de si corresponde admitir una acusación pública, privada o una querella.
La presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, planteó que esa modificación altera la distribución de competencias dentro del sistema. La magistrada observó que el nuevo esquema obligaría a resolver cuestiones distintas dentro de un único acto procesal.
“Tiene un serio inconveniente”, afirmó Solano al referirse a la convocatoria de una sola audiencia. La magistrada indicó que allí deberían analizarse tanto las salidas alternas como la procedencia de la acusación o de la querella, cuando corresponda.
La jueza también cuestionó que la propuesta no contemple observaciones específicas sobre las querellas en los expedientes donde ese mecanismo procede. Su planteamiento apuntó a las consecuencias prácticas que tendría reunir decisiones que hoy se distribuyen en una fase previa al debate oral.
La presencia de testigos podría exceder la capacidad de los tribunales
Uno de los reparos señalados por Solano se relaciona con la convocatoria de los testigos. La magistrada alertó que todos deberían acudir a la audiencia previa, aun cuando posteriormente el caso avanzara hacia el juicio.
“No hay capacidad de plantas físicas”, sostuvo la presidenta de la Sala de Casación Penal ante El Observador. Según explicó, los edificios judiciales podrían no contar con espacio suficiente para recibir a todas las personas citadas en causas complejas.
El problema alcanzaría a los expedientes con numerosos testigos, partes y representantes legales. La advertencia se centra en la infraestructura disponible y en la organización que demandaría concentrar esas comparecencias antes del debate oral.
La información divulgada por el medio también recogió que la transformación requeriría ajustes en áreas que participan de la administración de justicia. La Defensa Pública, el Ministerio Público y otros órganos auxiliares enfrentarían efectos derivados de la nueva dinámica procesal.
El Poder Judicial pidió considerar los recursos para la aplicación
La Dirección de Planificación calculó el costo asociado al ascenso de los jueces de la categoría 3 a la 4. Esa medida aparece vinculada a la reasignación de tareas que plantea el proyecto de ley.
El cálculo no contempla únicamente el cambio de categoría de los juzgadores. El Poder Judicial indicó que la aplicación de la reforma también requeriría contrataciones de personal y herramientas técnicas para sostener el funcionamiento del sistema.
La magistrada de la Sala Primera, Iris Rocío Rojas, respaldó la intención de acortar los plazos de la justicia penal. Consideró que la iniciativa modifica competencias existentes, sin crear figuras ni atribuciones nuevas.
“El proyecto es de celebrarlo”, expresó Rojas. No obstante, la magistrada subrayó que la Asamblea Legislativa debe conocer el compromiso presupuestario necesario para que la modificación pueda ejecutarse.
Su posición combina el respaldo a una justicia penal más rápida con una advertencia sobre las condiciones materiales requeridas. Para la magistrada, el objetivo de una respuesta judicial pronta y cumplida debe ir acompañado de recursos que permitan sostener el cambio.
La Asamblea Legislativa deberá definir el futuro del proyecto
El Gobierno presentó la reforma a finales de julio como parte de un paquete orientado a reducir el tiempo de los procesos judiciales y los costos de su tramitación. La presidenta Fernández defendió el texto al afirmar que el sistema penal demora demasiado en llegar a una resolución.
“El proceso penal toma demasiado tiempo”, señaló la mandataria. Su argumento se apoya en la necesidad de evitar que las causas atraviesen etapas prolongadas antes de llegar a juicio.
La discusión legislativa tendrá un requisito constitucional adicional. El artículo 167 de la Constitución Política dispone que la Asamblea Legislativa necesitará 38 votos si decide apartarse del criterio expresado por la Corte Suprema de Justicia sobre la reforma.