Cubalex documentó 12 muertes vinculadas a la custodia del régimen cubano durante septiembre, 10 de ellas en establecimientos penitenciarios y dos de jóvenes que cumplían el Servicio Militar Obligatorio. La organización señaló que la cifra duplicó los cinco fallecimientos registrados en agosto y representó el mayor número mensual desde febrero de 2026. El registro incluyó a dos personas que salieron de prisión en estado grave de salud y murieron poco después de su excarcelación. Según la organización, tres de los casos presentaron indicios de posible ejecución extrajudicial, una categoría que requiere una investigación independiente, imparcial y efectiva para determinar si existió responsabilidad directa de agentes o autoridades de la dictadura. La ONG advirtió que los datos disponibles constituyen un subregistro. La falta de estadísticas oficiales, las restricciones para acceder a información pública y el temor de las familias a eventuales represalias dificultan conocer la dimensión total de las muertes bajo custodia del régimen cubano.Una decena de muertes estuvieron relacionadas con el sistema penitenciario Los 10 fallecimientos vinculados a cárceles se sumaron a los al menos 39 casos que Cubalex había documentado entre enero y junio de 2026. El informe semestral de la entidad sostuvo que no había pruebas de investigaciones independientes, imparciales y efectivas sobre esas muertes. Para las personas privadas de libertad, el régimen cubano tiene la obligación de garantizar condiciones de reclusión compatibles con la dignidad humana, atención médica oportuna y protección de la integridad física. La muerte de un detenido, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, exige esclarecer las circunstancias y establecer responsabilidades cuando corresponda. Cubalex afirmó que las pesquisas sobre estos hechos suelen estar marcadas por la opacidad. La organización señaló que los familiares enfrentan dificultades para acceder a expedientes, conocer las causas de muerte o contrastar las versiones difundidas por las instituciones del régimen cubano con los testimonios de testigos y allegados. En un informe sobre muertes bajo custodia en centros penitenciarios entre febrero de 2024 y junio de 2026, la entidad registró 115 fallecimientos asociados a establecimientos carcelarios. Siete de esas personas habían sido excarceladas o recibieron licencias extrapenales en condiciones críticas y murieron horas o días después de abandonar la prisión.
El análisis atribuyó al menos 80 de los 115 casos a presunta negligencia o denegación de atención médica. También incluyó muertes relacionadas con tuberculosis, desnutrición, inanición, violencia y posibles acciones letales directas.
Dos reclutas de 18 años murieron en servicio Militar
Los otros dos casos documentados en septiembre corresponden a Yandiel Jurado, de 18 años, y Leordanis Ramón Ricardo Batista, también de 18. Ambos cumplían el Servicio Militar Obligatorio bajo el control del régimen cubano.
Jurado murió en una unidad militar de Manzanillo, en la provincia de Granma, después de recibir un disparo. Testimonios divulgados sobre el caso indicaron que otro recluta manipulaba un fusil cuando se produjo un disparo que alcanzó al joven. Una de las versiones recogidas por Cubalex señala que Jurado hablaba por teléfono con su novia en el momento del hecho.
La madre de Yandiel se habría opuesto en varias oportunidades a que su hijo fuera incorporado al Servicio Militar. De acuerdo con los testimonios recibidos por la organización, la mujer recibió multas tras rechazar la convocatoria, hasta que el joven fue enviado a una unidad militar.
El segundo fallecimiento ocurrió el 22 de septiembre, en una unidad del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) de Nipe, en Holguín. Leordanis Ramón Ricardo Batista, conocido como “Leo”, llevaba menos de dos meses en el Servicio Militar cuando murió.
Reportes independientes situaron el caso en un contexto vinculado con su salud mental. Familiares habían presentado documentación sobre la atención psicológica que recibía el joven desde niño por problemas nerviosos, aunque finalmente fue declarado apto por las autoridades del régimen cubano.
Los testimonios también apuntaron al mayor Bandera, jefe de la unidad, por una presunta negativa a facilitar el traslado del recluta a un lugar más cercano a su vivienda en Banes. Las mismas fuentes lo acusaron de malos tratos verbales y de ejercer presión sobre el joven. Cubalex pidió que una investigación independiente determine las circunstancias de ambas muertes y establezca si existieron responsabilidades por acción u omisión de los mandos militares.