De la central de Zaporizhzhia a la Justicia argentina: el ucraniano que busca que se investigue su tortura reveló su identidad

“Mi caso es uno entre millones, pero demuestra que, sin hacer nada, puedes ser detenido en tu trabajo y sometido a tortura”.

Kostiantyn Chebaevskyi, ex operador de la central nuclear de Zaporizhzhia, lo dice a Infobae por Zoom, a través de una intérprete. No levanta la voz ni dramatiza. Habla como quien ya contó la historia muchas veces, y en esta conversación no se le pidió que la reviviera.

Esa historia empieza el 6 de agosto de 2022, un sábado, a las tres de la tarde. Kostiantyn terminaba su turno en la central nuclear de Zaporizhzhia, en Enerhodar, la más grande de Europa y ocupada por tropas rusas desde marzo de ese año. En el control de salida lo frenó un guardia, que lo llevó a una sala pequeña y le hizo preguntas que a él le parecieron extrañas: si le gustaba manejar drones, si sabía por qué lo habían detenido. No lo sabía. Después llegó un hombre alto, de civil, y lo sacó por un torniquete deshabilitado. “El sistema ni siquiera registró que salí del territorio de la central nuclear”, contó. En los registros de la planta, nunca se había ido.

Esa historia consta en el testimonio que dio a The Reckoning Project, una ONG que documenta crímenes de guerra rusos en Ucrania. Se registró el 4 de noviembre de 2022 en un formulario, el Incidente N°117. La organización presentó después, con él, la denuncia en Buenos Aires.

Chebaevskyi estuvo preso hasta el 23 de agosto en la comisaría de la ciudad, según ese testimonio. La denuncia que presentó en la Argentina en abril de 2024, y que también describe esos hechos, lo identifica solo como “V.1″. Hoy tiene nombre.

Un caso a doce mil kilómetros

La denuncia llegó a los tribunales federales de Comodoro Py por jurisdicción universal, el principio que permite investigar crímenes de lesa humanidad aunque no se hayan cometido en el país ni involucren a argentinos. Cuando se presentó, se informó que sería el primer caso por presuntos crímenes de guerra rusos en Ucrania iniciado fuera de Europa y Estados Unidos. La denuncia de casi 70 páginas incluía supuestos testimonios de otras personas recluidas en el mismo centro de detención que respaldaban las acusaciones, además de conclusiones de expertos de la ONU sobre prácticas similares de tortura en centros de detención como ese. ¿Por qué Argentina? El abogado Marcos Aldazabal, representante en el país de la víctima y de The Reckoning Project, lo explicó a Infobae con una imagen que los argentinos reconocen sin esfuerzo: lo que le hicieron a Kostiantyn es “muy similar a las torturas con picana eléctrica que hubo acá durante la dictadura”. A eso sumó el colapso de la justicia ucraniana en las zonas ocupadas y el hecho de que el caso no se investigaba en ninguna corte internacional. Chebaevskyi viajó a Buenos Aires en 2024 para presentar la denuncia y conoció la ESMA. Entre quienes lo recibieron había sobrevivientes del cautiverio militar argentino. “Lo que escuché en la Argentina, en la ESMA y de una persona mayor que también sobrevivió al cautiverio militar, es que esa gente también perdió a sus seres queridos”, dijo a Infobae. “Estuvieron cautivos, pero nunca perdieron la esperanza en un futuro mejor.” El viaje fue para él una señal de que el caso podía prosperar. Aun así, dice, nunca se hizo demasiadas ilusiones. “Entiendo que todo lleva tiempo y cómo funciona un poco el mundo: todo puede cambiar de un día para otro.” Los días de la ocupaciónLa noche del 3 al 4 de marzo de 2022, tropas rusas tomaron Enerhodar y la central, según Energoatom, la compañía estatal ucraniana. Dos días después, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó, citando al regulador nuclear de Ucrania, que la dirección de la planta había pasado a recibir órdenes del comandante de las fuerzas rusas. A fines de abril, según el organismo, especialistas de una filial de Rosatom exigían a la dirección informes diarios sobre cuestiones confidenciales. Rosatom reconoció un número limitado de expertos, pero negó haber tomado el control operativo. Kostiantyn trabajaba en el bloque de turbinas. Según el testimonio que dio en 2022, el personal siguió yendo a trabajar porque nadie más podía hacer ese trabajo. La dirección les mandó instrucciones por mensajería: bolsas transparentes, lo mínimo de objetos personales y, si era posible, ningún teléfono. “Ves que todos los principios de protección física, basados en principios mundiales, de pronto se derrumban”, relató. “Hay un soldado cualquiera parado ahí y te deja pasar.” Para él, los rusos habían organizado “una base militar de verdad en la estación”. Siguió yendo a trabajar hasta el 6 de agosto, el día en que lo detuvieron a la salida. La comisaría Esa tarde lo llevaron en un auto a la comisaría de Enerhodar. Según su testimonio, lo interrogaron hombres de civil que se turnaban entre el policía bueno y el malo, y lo acusaron de vender a Ucrania las coordenadas de unidades militares rusas. Él respondió que no sabía de qué hablaban y les ofreció revisar su teléfono, donde, dijo, había mensajes de conocidos que le preguntaban qué ocurría en la ciudad. Al día siguiente lo llevaron a un cuarto casi sin luz. Sobre la mesa había un teléfono, un tapik: un teléfono de campaña militar con el que los ocupantes aplican descargas eléctricas. Le sujetaron un cable al dedo meñique con una pinza y otro al lóbulo de la oreja, y empezaron a girar la manivela mientras repetían la misma pregunta. “En algún momento no sabes qué decir, te quedas sin palabras, empiezan a salir lágrimas, babeas. Y te caes”, contó. Los otros presos llamaban a eso “una llamada a Lenin”. También lo golpearon, dijo, y lo estrangularon con un cable. Terminó escribiendo una confesión con ayuda de otros detenidos: pedía disculpas “a la sociedad” y decía estar “listo para cooperar”. “Es lo que esperaban ver.” Cuando lo soltaron, el 23 de agosto, le dijeron que comprara un teléfono ruso para poder encontrarlo y que avisara antes de irse a cualquier parte. El escrito de sus abogados, al que tuvo acceso Infobae, agrega que lo hicieron firmar un formulario de descargo de responsabilidad en el que decía no tener reclamos contra quienes lo habían detenido. Volvió a la central al día siguiente. Poco después dejó Enerhodar. “Tuve suerte. Hasta el último momento tuve miedo de que me detuvieran en algún control.”Ni Reuters en 2024 ni Infobae en 2026 pudieron confirmar su relato de manera independiente. Los hechos constan en el testimonio y en la denuncia, que The Reckoning Project presentó junto con él. La denuncia acusa a una persona identificada, a otras dos por sus apodos o insignias militares y a otras anónimas. El caso de Chebaevskyi, sin embargo, no es aislado, según quienes lo documentan. En septiembre de 2025, Truth Hounds, una ONG ucraniana de documentación de crímenes internacionales, publicó un informe con al menos 226 casos de detención ilegal de vecinos de Enerhodar y empleados de la central, en al menos siete lugares de detención; 78 de las víctimas eran empleados de la planta. Según la organización, la mayoría derivó en tratos inhumanos y tortura.

En febrero de este año, Energoatom, la compañía nuclear estatal ucraniana, dijo tener documentados 14 empleados de la central en detención prolongada, 10 de ellos condenados en Rusia a entre cinco y 25 años. Desde 2023, una comisión de investigación de la ONU concluyó que el uso de la tortura por parte de Rusia en las zonas bajo su control era generalizado y sistemático.

Por qué se frenó la causa en Argentina

El escrito de reingreso al que tuvo acceso Infobae, que es la versión de los querellantes, reconstruye así lo que pasó después de la denuncia.

Antes de pronunciarse, el fiscal pidió informes a Ucrania y a la Corte Penal Internacional (CPI) para saber si el hecho ya se investigaba. La Fiscalía General ucraniana respondió que no, y que además estaba dispuesta a cooperar con la justicia argentina. La respuesta de la CPI, en cambio, según los abogados, fue genérica y hablaba de “hechos ocurridos en esa región y en esa central”. El fiscal igual entendió que la investigación del tribunal internacional abarcaba todo lo denunciado y pidió desestimar la causa. Invocó también una resolución de la Procuración General de la Nación, la 76/24, que a su juicio limita la jurisdicción universal a casos con algún vínculo con la Argentina. El juez consideró el argumento “lógico y razonable” y archivó el expediente. En la misma resolución rechazó a The Reckoning Project como querellante.

Según el escrito, la Cámara Federal confirmó el archivo el 4 de noviembre de 2025. Razonó que la CPI se ocupaba de hechos en un contexto más amplio que el denunciado y que la prueba podía obtenerse mejor en Ucrania.

Marcos Aldazabal, abogado de la víctima y de The Reckoning Project, subraya que archivo no significa cierre: si aparecen elementos nuevos, la causa puede reabrirse.

El elemento nuevo

Ese elemento, dicen los querellantes, ya apareció. Es una segunda comunicación de la CPI que informa que este caso no integra los hechos que investiga. Para los querellantes, eso despeja el obstáculo que había frenado todo: ni Ucrania ni la CPI investigan, de modo que, si la Argentina no interviene, el hecho quedaría impune. Afirman además que The Reckoning Project no fue notificada de esa comunicación y que se enteró recientemente.

Con ese argumento presentaron este viernes un pedido de desarchivo y que la organización sea admitida como querellante, esta vez con su estatuto adjunto, que según ellos faltaba antes. Y hay un cambio más. La víctima, que al principio no se presentó como querellante por razones de anonimato y seguridad, se presentó también.

Aldazabal pidió no exagerar el alcance. La nueva comunicación, aclaró, no implica por sí sola que se abra una investigación. Lo que cambiaría, explicó, si los admiten como querellantes, es que podrían impulsar la investigación por su cuenta, aun cuando el Ministerio Público Fiscal declare que no tiene interés.

Maia Czarni, abogada especialista en derecho penal internacional y consultora especialista de jurisdicción universal, sin vínculo con los querellantes de esta causa, lo explicó a Infobae en estos términos: “La jurisdicción universal existe porque hay querella”. Recordó los casos de España, Myanmar y China, en los que fueron los querellantes quienes consiguieron, ante instancias superiores, que se revirtieran archivos y se ordenara investigar. “La querella en la Argentina es poderosísima.”

Czarni, docente de derecho penal en la UBA y codirectora del libro “Jurisdicción Universal en Argentina”, describió también un vacío. Los tribunales argentinos admitieron, por vía de la jurisprudencia, una jurisdicción universal “pura”, sin ningún vínculo local, pero el país no tiene una ley que la regule. Cada fiscal y cada juzgado deciden con su propio criterio, y hay causas que esperan años una respuesta de la Cancillería. Y ninguna causa de este tipo llegó a juicio en la Argentina: las más avanzadas terminaron en órdenes de arresto.

Czarni agregó que Ucrania plantea un desafío nuevo. En Europa, explicó, los crímenes cometidos por Rusia generaron “la multiplicidad de investigaciones, sin que el principio de subsidiariedad fuera demasiado relevante”: la idea fue “unamos los esfuerzos, empecemos a investigar” y, en todo caso, hacer investigaciones conjuntas, intercambiar pruebas o colaborar con la CPI. “Eso no está desarrollado en la Argentina”, dijo: no hay ninguna investigación que, aun con los mismos hechos y los mismos imputados que otra, recolecte prueba para ayudar. Cree que ese cambio es inminente, porque sabe de fiscales que están elaborando el criterio de que “no es necesario quedarse de brazos cruzados esperando la respuesta de la Cancillería”: se puede empezar a investigar y evaluar después si aparece otra investigación.

La causa CFP 1398/2024 sigue en la misma fiscalía, la de Franco Picardi, y en el juzgado federal N° 12, hoy a cargo del juez Julián Ercolini.

Infobae le preguntó a la Cancillería argentina si intervino en las comunicaciones del juzgado con la CPI y con Ucrania, cuál es la posición del Gobierno sobre que la justicia argentina investigue crímenes de guerra cometidos en ese país, si prevé algún tipo de cooperación si la causa avanza y si recibió pedidos de la Embajada de Ucrania. Al cierre de esta nota no hubo respuesta sobre el fondo.

Rusia niega públicamente haber cometido crímenes de guerra en Ucrania y ha calificado en múltiples oportunidades las órdenes de detención de la CPI contra Vladimir Putin y otros responsables como parte de una campaña occidental sesgada para desacreditar a Rusia. La réplica queda abierta.

La central hoy

Mientras tanto, Zaporizhzhia, la planta nuclear más grande de Europa, sigue en manos rusas. Chebaevskyi trabajó allí y habla de ella con la autoridad de quien la conoce por dentro. Su toma, dice, rompió todas las reglas de seguridad nuclear y sentó un precedente peligroso. “Las instalaciones nucleares no pueden pasar de una mano a otra así. Si esto se acepta, ¿qué garantía hay de que no vuelva a ocurrir con otro Estado?“, dijo a Infobae por videollamada.

Le preocupa lo que pasa hoy adentro. El equipo tiene más de treinta años, dice, y hace casi cinco que no recibe un mantenimiento sistemático ni funciona con los parámetros para los que fue diseñado. Teme un incidente cada vez que se corta la línea eléctrica desde Ucrania y la planta debe alimentarse con generadores diésel.

El OIEA, que mantiene un equipo en la planta desde septiembre de 2022 y que dirige el argentino Rafael Grossi, informó que el 5 de septiembre de este año entró en vigor un alto el fuego local, el séptimo que medió el organismo durante la guerra, para reparar la línea de 330 kV, la única conexión eléctrica externa que le quedaba a la planta. La central la había perdido el 20 de agosto y, desde entonces, enfriaba sus seis reactores apagados y sus piscinas de combustible con generadores diésel, con reservas de combustible cada vez más ajustadas y el riesgo creciente de un apagón total en pocos días.

No obstante, Chebaevskyi no cree que los inspectores del OIEA revisen los bloques con toda la diligencia ni que reporten la presencia de soldados. “En mi bloque de turbinas había vehículos militares, incluso un tanque”, afirmó a Infobae. Es su mirada, la de alguien que trabajó adentro.

También piensa en los que no salieron. Un amigo suyo lleva más de cuatro años preso, según cree, “sin pruebas, como siempre”. Kostiantyn pidió “poner el foco en lo que pasa en la central y en la ciudad, y no solo en lo que me pasó a mí, sino a muchos otros”.

Lo que queda

Si algún día la causa avanza, Kostiantyn no espera ver sentados en el banquillo a los hombres que lo torturaron. “En una situación ideal el objetivo final no sería llevar ante la justicia a personas concretas, sino a quienes tomaron las decisiones al más alto nivel y organizaron la toma y apropiación ilegal de la instalación nuclear”, dijo. Quiere que las máximas autoridades rusas de la energía atómica se vuelvan “personas non gratas” en el mundo.

Sobre quienes lo torturaron dijo: “Por un lado, espero que todos los que me hicieron eso estén muertos. Por otro, si no murieron en combate, espero que acaben en prisión”. Y agregó que espera que les haya ido en la vida “de la peor manera posible”.

¿Rabia? No. “Sería muy difícil vivir con ese sentimiento.” Y a los argentinos que lean esta historia les pide que hagan un ejercicio simple: imaginarse en su lugar.

“Cuando salí del cautiverio sentí alivio”, dijo. “Quizás fue lo peor que me pasó, pero lo dejé ir y traté de vivir mi vida.”

Transparencia. The Reckoning Project, una organización creada en 2022 que forma a periodistas e investigadores para registrar testimonios de presuntos crímenes de guerra con una metodología pensada para los tribunales, facilitó a Infobae el acceso al testigo, a los documentos y a las fotos, y pide ser admitida como querellante.