Los diputados de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República cuestionaron al Gobierno de Guatemala por la demora en responder a la emergencia alimentaria causada por la sequía, mientras las pérdidas de cultivos y el déficit de lluvias anticipan una mayor demanda de asistencia para los hogares rurales.
Durante una citación en el Congreso de la República, los legisladores señalaron que las instituciones conocían las previsiones de escasez de precipitaciones asociadas al fenómeno El Niño y sus posibles efectos sobre la producción agrícola. También advirtieron que los recursos previstos no alcanzarían para asistir a todas las familias afectadas.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) registraba hasta ese momento 571.000 familias con cultivos perdidos. La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), Claudinne Ogaldes, calculó que la cantidad de hogares perjudicados podría ascender a 1,2 millones.
Un presupuesto insuficiente frente a la pérdida de cosechas
Los diputados alertaron que los 500 millones de quetzales asignados para comprar alimentos serían insuficientes, dado que el plan contempla una ración mensual para las familias que perdieron sus cosechas. La cifra de posibles beneficiarios continúa creciendo a medida que se profundizan las consecuencias de la sequía prolongada.
Ogaldes indicó que serían necesarios cerca de 3.000 millones de quetzales para proporcionar raciones durante seis meses a 670.000 familias. Esa proyección podría requerir una ampliación presupuestaria si se confirma el aumento de hogares afectados.
La funcionaria explicó que los ministerios revisan los fondos no ejecutados para destinarlos a la adquisición de más alimentos. “De acuerdo con las instrucciones que se giraron, los ministerios están viendo lo no ejecutado para poder utilizar esos fondos en compra de más alimento”, afirmó ante los legisladores.
Los cuestionamientos también alcanzaron el proyecto de presupuesto de 2027. Según los diputados, la propuesta no incluye recursos específicos para atender la emergencia alimentaria vinculada con El Niño, pese a que los pronósticos oficiales prevén que sus efectos se extiendan hasta mayo del año siguiente.
La titular de la CONRED sostuvo que todavía falta un período móvil para que el fenómeno se consolide y que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) prevé oficializarlo en octubre. La expectativa es de un déficit de precipitaciones durante el resto del período y los primeros meses del año.
“Vamos a tener realmente un déficit de lluvias para el resto del periodo y los primeros meses del año. Las lluvias que estamos viendo en septiembre son convectivas; llueve mucho en muy poco tiempo y no sirven para la cosecha”, expresó Ogaldes ante la sala legislativa.
La CONRED ya dispone de los 500 millones de quetzales para adquirir las raciones, pero todavía no cuenta con un listado definido de las familias que recibirán la ayuda. La institución propuso utilizar los registros de inseguridad alimentaria validados por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).
Los diputados objetaron ese mecanismo porque los registros de la SESAN no identifican necesariamente a agricultores que hayan perdido sus cultivos por la falta de lluvias. La preocupación se concentra en que la asistencia alcance a hogares cuyo sustento dependía directamente de la producción agrícola.
“Los listados de SESAN no necesariamente tienen identificados a los agricultores que perdieron su sustento, el problema es que no hay un listado de familias agricultoras, no existen. Estamos buscando el mejor mecanismo para identificar a estas familias. Todavía no están definidas”, reconoció la secretaria ejecutiva.
Las entregas previstas entre octubre y noviembre
Con los recursos disponibles, la CONRED comprará 671.000 raciones mediante un convenio firmado el 24 de septiembre con el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Cada entrega incluirá unos 45 kg de maíz (100 libras), 13,6 kg de frijol (30 libras) y 4,5 kg de arroz (10 libras).
La asistencia está pensada para distribuirse durante seis meses. Ogaldes explicó que la emergencia impedía realizar una licitación, por lo que se recurrió a un convenio directo con el organismo de Naciones Unidas para asegurar la provisión de alimentos.
El PMA debía entregar los productos en octubre para que la distribución escalonada comenzara en noviembre. Mientras el Congreso examinaba el manejo de los fondos, el Ejecutivo avanzaba con la planificación operativa de las entregas.
El 30 de septiembre, durante la tercera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), presidida por la vicepresidenta de la República, Karin Herrera, se definió un cronograma inicial. La primera fase contempla 38.141 raciones desde el 6 de octubre.
Una segunda tanda de 82.879 unidades comenzará a distribuirse a partir de noviembre, según los insumos que el PMA prevé aportar entre la segunda y la tercera semana de octubre. Las municipalidades deberán activar sus Centros de Operaciones de Emergencia y trasladar las solicitudes al nivel departamental correspondiente.
Los requerimientos que no puedan resolverse en los departamentos pasarán al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, sostuvo durante la reunión del CONASAN que la respuesta había sido solicitada con anticipación ante las proyecciones para el cierre del año.
“Esto no es lo que debía estar ahorita respondiendo, sino que es lo que previmos, proyectamos que va a pasar en noviembre, final de noviembre y diciembre”, afirmó Rivera.
El CONASAN también aprobó la actualización del Protocolo Interinstitucional para el Abordaje Municipal de la Desnutrición Aguda. Además, evaluó imponer condiciones al Bono Nutrición para los hogares con menores que padecen ese diagnóstico.
El Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2026 alcanzaba una ejecución de 62,09% al 31 de agosto. Herrera pidió a las instituciones con avances inferiores a los esperados que hicieran más eficiente el gasto.
Durante la misma reunión se informó la compra de 800.000 bolsas de Incaparina y de 27.272 raciones adicionales con fondos por 20 millones de quetzales. El MAGA realizará nuevas mediciones del déficit de lluvias en noviembre, enero y abril para ajustar la asistencia destinada al sector agrícola.