Dos mujeres fueron detenidas en Costa Rica por presuntas estafas con cursos de manejo ofrecidos en redes sociales

Las autoridades detuvieron a dos mujeres de apellidos Sánchez y Romero, sospechosas de ofrecer paquetes de clases a través de redes sociales. Crédito: OIJ

Dos mujeres fueron detenidas este martes en Costa Rica como sospechosas de estafar a personas interesadas en aprender a conducir y obtener su licencia, mediante la supuesta venta de cursos de manejo que eran promocionados a través de redes sociales.

Agentes de la Sección Especializada contra Estafas y Fraude Registral del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron tres allanamientos como parte de la investigación: dos en la provincia de Heredia y otro en Paso Ancho, San José. Las detenidas son de apellidos Sánchez, de 43 años, y Romero, de 40.

Según las pesquisas, las sospechosas publicaban anuncios relacionados con una escuela de manejo y ofrecían promociones especiales a quienes cancelaran anticipadamente el servicio. Los paquetes tenían precios que oscilaban entre ¢185,000 (USD 404) y ¢220,000 (use 485), de acuerdo con la información brindada por la Policía Judicial.

El problema comenzaba después de efectuado el pago

Las autoridades determinaron preliminarmente que, una vez recibido el dinero, las encargadas presuntamente utilizaban diferentes argumentos para posponer las clases o evitar concretar el servicio contratado.

Entre las explicaciones que supuestamente brindaban a los clientes figuraban que los instructores se encontraban enfermos o que los vehículos destinados a las prácticas habían sufrido accidentes y, por ello, las lecciones debían ser reprogramadas.

Con el paso del tiempo, algunas víctimas dejaron de recibir respuestas.

Según el OIJ, en determinados casos las sospechosas presuntamente dejaban de contestar los mensajes e incluso bloqueaban a los clientes, impidiendo que estos continuaran reclamando por las clases que habían pagado.

El OIJ realizó tres allanamientos en Heredia y San José como parte de la investigación por presuntas estafas con cursos de manejo. Crédito: OIJ

47 causas y más denuncias bajo análisis

La investigación judicial comenzó en mayo de 2026 y hasta ahora permitió relacionar 47 causas penales con un mismo modo de operar. El perjuicio económico documentado en esos expedientes supera los ¢9 millones (USD 19 mil).

Sin embargo, la cantidad de personas que podrían estar relacionadas con el caso es considerablemente mayor.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, existen otras 154 denuncias presentadas ante la Defensoría del Consumidor vinculadas con la misma escuela de manejo. Esos casos serán incorporados al análisis desarrollado por el OIJ y el Ministerio Público.

La cifra resulta relevante porque diferencia los expedientes que ya forman parte de la investigación judicial de las quejas presentadas previamente por consumidores.

Los cursos promocionados tenían precios de entre ¢185.000 y ¢220.000 y se ofrecían descuentos a quienes pagaran anticipadamente. (Imagen ilustrativa)

Allanamientos en Heredia y San José

Los agentes judiciales ingresaron a las viviendas vinculadas con ambas sospechosas, ubicadas en San Miguel de Santo Domingo de Heredia y en el centro de Heredia.

El tercer allanamiento se realizó en Paso Ancho, San José, en un inmueble que, de acuerdo con el OIJ, era alquilado por las mujeres y era presentado como un sitio destinado a realizar prácticas de manejo.

Durante las diligencias, los investigadores decomisaron teléfonos celulares, una cantidad importante de tarjetas SIM, equipos de cómputo y otros indicios que serán analizados como parte de la causa.

La Policía Judicial busca determinar, entre otros aspectos, el alcance total del presunto fraude, la cantidad definitiva de personas perjudicadas y la forma en que se administraban los contactos y comunicaciones con quienes adquirían los paquetes.

Las dos sospechosas quedaron a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar los pasos procesales correspondientes y solicitar, si lo considera necesario, las medidas cautelares ante un juzgado penal.

El caso se encuentra todavía en etapa de investigación, por lo que los señalamientos contra las mujeres corresponden a la hipótesis que desarrollan las autoridades judiciales y no constituyen una sentencia en su contra.