Las autoridades judiciales y de seguridad confirmaron que cerca de 11 mil miembros de pandillas capturados bajo el régimen de excepción ya recibieron condena judicial entre mayo de 2021 y el 16 de octubre de 2026.
El balance oficial refleja el avance de los procesos penales instruidos tras la activación del protocolo de excepción el 27 de marzo de 2022 en El Salvador, una medida que permitió desarticular el control territorial de las organizaciones terroristas y llevar a sus integrantes ante los tribunales con penas que alcanzan la prisión perpetua.
Durante una jornada de rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Héctor Gustavo Villatoro, aseguró que el marco normativo cerró la puerta a cualquier tipo de beneficio penitenciario o liberación anticipada.
“Ni en el peor de nuestros sueños, ninguno de estos asesinos seriales, pandilleros o pandillero no brincado que hemos capturado va a salir de nuestra cárcel”, afirmó el titular de seguridad al ratificar que los procesos de juzgamiento continuarán activos para resolver la situación jurídica de la totalidad de reclusos.
El informe detallado por el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, precisó que el Ministerio Público obtuvo 10,561 condenas contra miembros de estructuras criminales en el período comprendido entre mayo de 2021 y mediados de octubre de 2026.
Esta cifra representa una efectividad del 98% sobre el universo de imputados que culminaron la fase de vista pública, frente a un margen mínimo de resoluciones absolutorias dictadas por los tribunales.
La escala de castigos evidencia la severidad de las sanciones aplicadas a las pandillas. El 79% de los sentenciados recibió penas de entre 15 y 45 años de encierro por delitos relacionados con agrupaciones ilícitas, homicidios agravados y extorsiones sistemáticas.
A su vez, 62 cabecillas y gatilleros recibieron fallos judiciales que superan los 75 años de prisión debido al concurso de delitos cometidos contra la población civil.
En ese mismo balance acumulado hasta octubre de 2026, la Fiscalía General registró las primeras 13 sentencias de prisión perpetua impuestas a pandilleros.
Dicha sanción fue incorporada al Código Penal en marzo del año corriente para penar la pertenencia a bandas del crimen organizado y homicidios de extrema gravedad. Delgado sostuvo que las evidencias científicas y periciales sustentaron la solidez de las acusaciones para evitar la caída de los procesos en las salas de audiencia.
Operativos permanentes contra remanentes y cierre de la impunidad
Por su parte, Villatoro remarcó que las fuerzas combinadas de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada mantendrán las incursiones en comunidades y zonas rurales para capturar a los prófugos. “Esta guerra va a terminar hasta que el último asesino serial, entiéndase pandillero, esté en suelo salvadoreño”, aseveró el ministro de Seguridad, al advertir que los agentes persiguen a miembros que buscan eludir los controles policiales borrándose los tatuajes de las maras o refugiándose en iglesias locales.
El funcionario contrastó los resultados actuales con los índices registrados en 2019, cuando el país enfrentaba una tasa de impunidad del 97% en crímenes de sangre.
Para optimizar la localización de los prófugos en el terreno, los elementos de la PNC disponen de más de 21 mil dispositivos móviles con reconocimiento facial. La herramienta digital permite verificar de inmediato la identidad de sospechosos indocumentados y cotejar órdenes de aprehensión vigentes emitidas por la justicia salvadoreña.
Las dependencias estatales recordaron que estas agrupaciones delictivas concentraban más del 98% de la actividad criminal antes de marzo de 2022.
Desde entonces, las detenciones bajo el régimen de excepción y los fallos condenatorios redujeron los índices delictivos generales en más del 97% respecto a las marcas históricas de 2018.
El gabinete de seguridad proyectó que el número de condenas se incrementará a medida que los juzgados especializados celebren las audiencias preliminares programadas para los próximos meses, con el propósito de garantizar la clausura definitiva de las estructuras de pandillas en El Salvador.