La Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila solicitó siete años de prisión para Jonathan David Muir Burgos, un adolescente cubano de 16 años procesado por el presunto delito de sedición tras las protestas del 13 de marzo en Morón. Aunque fue excarcelado el 24 de junio, el joven permanece bajo una medida cautelar que limita sus desplazamientos, según documentó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).
Jonathan forma parte de un grupo de 19 personas procesadas por las manifestaciones que tuvieron lugar en Morón, en medio del descontento por los apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida. Las conclusiones provisionales de la Fiscalía contemplan penas de entre siete y 13 años de privación de libertad.
La petición contra el adolescente todavía no equivale a una condena. El expediente debe avanzar a la etapa judicial, donde corresponderá analizar los cargos, las pruebas y las responsabilidades atribuidas a cada acusado.
De acuerdo con la información publicada por Martí Noticias, la Fiscalía pidió la pena máxima de 13 años para Hosuán Naranjo Chacón. Para los adultos incluidos en la causa, entre ellos Brian Pérez Muñoz, solicitó 12 años de prisión.
Entre los menores de edad, Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 17 años, enfrenta una petición de ocho años. Para los demás adolescentes procesados, incluida la causa de Jonathan, las autoridades solicitaron siete años de cárcel.
La investigación se relaciona con los incidentes ocurridos frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) durante las protestas. Videos difundidos entonces mostraron daños contra puertas y ventanas, lanzamiento de piedras y quema de objetos en la vía pública.
Sin embargo, los antecedentes divulgados sobre la solicitud fiscal no precisan cuáles son las acciones concretas que la acusación atribuye de forma individual a Jonathan. Familiares de otros imputados cuestionaron la solidez de las pruebas y negaron que sus allegados hubieran intervenido en los hechos violentos.
Estuvo recluido en una prisión para adultos
El adolescente fue detenido el 16 de marzo después de acudir, junto con su padre, el pastor evangélico Elier Muir Ávila, a una citación policial. Permaneció más de tres meses privado de libertad y pasó parte de ese período en la prisión de Canaleta, una instalación para adultos de Ciego de Ávila.
Durante su encarcelamiento, familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron problemas en su estado de salud y dificultades para que recibiera asistencia médica por una afección dermatológica. El caso motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le otorgó medidas cautelares en abril ante el riesgo para su vida, integridad personal y salud.
El adolescente fue excarcelado el 24 de junio, aunque esa decisión no puso fin al proceso penal ni levantó las condiciones impuestas por el tribunal.
El ICLEP registró el caso bajo el indicador de reclusión
Según el ICLEP, el joven recibió una notificación judicial que le impide salir de su vivienda sin autorización. La medida admite excepciones para asistir al trabajo, concurrir a clases en su horario habitual o recibir atención médica.
El documento, de acuerdo con la información difundida por la organización, advierte que el incumplimiento de las condiciones puede derivar en una medida cautelar más restrictiva. La limitación mantiene al adolescente sujeto a control judicial pese a que ya no está recluido en un centro penitenciario.
El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE), proyecto del ICLEP, documentó el expediente bajo el indicador de reclusión, que incluye medidas de confinamiento domiciliario relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión. Para la organización, la nueva petición fiscal y las restricciones posteriores a la excarcelación constituyen elementos de seguimiento de un caso que ya estaba bajo observación.