Ante las quejas cada vez más crecientes de las comunidades afectadas por el terremoto en Panamá del pasado viernes, la Contraloría General de la República anunció medidas extraordinarias para facilitar la respuesta de los municipios y las juntas comunales ante la emergencia provocada por el sismo.
El ente gubernamental informó que las disposiciones contemplan la movilización de vehículos oficiales sin salvoconducto y mecanismos para agilizar el uso de fondos destinados a atender las necesidades de las comunidades afectadas.
Poblados afectados de las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas están desde el sábado clamando por una ayuda estatal que no llega, pese a un recorrido que por algunas áreas afectadas hizo el presidente de la República, José Raúl Mulino, palpando de primera mano las necesidades de los hoy damnificados.
Mulino garantizó que a partir del sábado iniciaba la llegada alimentos hasta los hogares de comunidades en Herrera, Los Santos y Penonomé.
El gobierno había manifestado que todas las instituciones estaban operando a plena capacidad para llevar ayuda humanitaria a las personas, ayuda que aún no se vislumbra en muchas comunidades donde han sido los propios moradores los que se han organizado para proveer de alimentos a los suyos.
La labor en las zonas más afectadas de las provincias de Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos, según las autoridades, se concentra en llevar agua, alimentos y carpas, complementado con las donaciones que se reciben de la población, del sector privado y ayuda internacional.
Agregaron que también se está trabajando en reabrir caminos bloqueados por deslaves, y rehabilitar hospitales e infraestructura de carácter estratégico.
“Hasta el momento la ayuda anunciada brilla por su ausencia”, dijo un morador de Vallerriquito, en la provincia de Los Santos, comunidad afectada por el sismo de 7.5 grados que el viernes 9 de octubre azotó Panamá en horas del mediodía.
Otro morador cuestionó el hecho de que cómo es posible que siendo Panamá un país territorialmente pequeño no se pueda tener un sistema de respuesta rápida ante los desastres naturales.
Un día después el terremoto, el sábado, el gobierno declaró el estado de emergencia nacional y habilitó hasta $100 millones para atender los daños del terremoto del día anterior.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, había manifestado que el país cuenta con los recursos para enfrentar la tragedia, aunque dejó claro que de requerir más fondos estarían buscándolos mediante préstamos blandos.
“El país no se va a detener y el gobierno está comprometido para que la nación siga funcionando, produciendo y creando bienestar para todos los panameños. La economía panameña no se va a detener y estamos seguros de que saldremos más fortalecidos”, sostuvo Chapman en esa oportunidad.
Ahora, para tratar de que la ayuda llegue lo antes posible, la Contraloría dispuso que los automóviles oficiales pertenecientes a municipios y juntas comunales para, según se indicó, facilitar el traslado de personas heridas, la movilización de personal de socorro y la distribución de ayuda humanitaria en las comunidades afectadas.
También decidió que las juntas comunales pueden utilizar recursos de los programas de inversión en la atención de necesidades urgentes, y que entre los productos que podrán adquirirse con estos fondos se encuentran agua potable, alimentos de primera necesidad, insumos esenciales para las familias afectadas por el sismo.
En un comunicado, la institución encargada de la fiscalización de las finanzas públicas señaló que las compras que se hagan deberán realizarse conforme a los manuales de operación vigentes, para mantener los controles sobre el uso de los recursos públicos.
Informó además que se habilitó un centro de llamadas dirigido a alcaldes y representantes de corregimiento, además de que se ofrecerá atención presencial para canalizar solicitudes y gestiones que no puedan resolverse mediante las líneas telefónicas.