La Contraloría General de la República advirtió que no bajará la guardia una vez repartido el dinero de emergencia por el terremoto que el 9 de octubre azotó el territorio panameño, con una magnitud de 7,5 grados.
El secretario de Metas, José Ramón Icaza, señaló que el organismo realizará una auditoría posterior de los fondos destinados a la crisis, después de que en gobiernos anteriores se registraran cuestionamientos por falta de transparencia en el manejo de ese tipo de recursos.
La advertencia se conoció este martes cuando el contralor general de la República, Anel Flores, informó que la semana pasada se distribuyeron $2,480,000 entre 228 alcaldías y juntas comunales de las zonas golpeadas por el sismo.
El movimiento telúrico dejó daños en viviendas, escuelas, carreteras y puentes, sobre todo en las provincias de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas.
Flores explicó que su equipo trabaja ya en una segunda lista de desembolsos para cubrir a los municipios que no habían notificado afectaciones en el primer corte.
“Actualmente estamos haciendo una planilla nueva para desembolsos, de áreas que no nos habían reportado problemas”, detalló el funcionario a los medios.
Los más de $2,4 millones ya girados por la Contraloría se destinaron a labores de atención y recuperación en comunidades golpeadas por el sismo, mientras que un segundo paquete de fondos todavía en preparación busca alcanzar a distritos cuyos daños se reportaron fuera del plazo inicial.
Icaza aclaró que los recursos repartidos por la Contraloría son distintos de los $100 millones habilitados por el Estado como Emergencia Nacional.
Se trata de una partida de descentralización dirigida directamente a los gobiernos locales.
“Lo que se está haciendo es habilitar 10 mil dólares por representante y 20 mil por alcalde. Esto no es de ahora, se viene trabajando a través de la Asociación de Municipios de Panamá (Amupa), la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y se creó una contabilidad digital donde vamos a tener visibilidad de cada uso de esos fondos”, recalcó.
El funcionario insistió en que ese dinero cubre necesidades inmediatas, no reconstrucción. “Esos fondos son para atender a los habitantes de su distrito o de su corregimiento; son para primera necesidad. Todo lo que es el proceso de reconstrucción vendrá del Gobierno central”, declaró a una televisora local.
El Gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional mediante la Resolución de Gabinete N.º 108, que habilitó un fondo de hasta $100 millones para contrataciones especiales vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
El MEF, en lugar de manejar esos recursos de forma directa, creó un fideicomiso junto al Banco Nacional de Panamá, con desembolsos sujetos al refrendo de la Contraloría.
Mientras, Hideki “Kit” Miyamoto, ingeniero estructural fundador y director ejecutivo de Miyamoto International, afirmó que la respuesta de Panamá luego del terremoto fue más rápida que la observada habitualmente en otros países y que la evaluación temprana de los daños permitió reducir riesgos para la población.
La forma en que se reaccionó en términos de evaluación de daños “fue más temprano que muchos países que han enfrentado situaciones similares, y definitivamente más temprano que el estándar internacional. La razón es que durante los primeros 10 días se ha evaluado prácticamente toda la infraestructura y casas en el área afectada. Usualmente muchos países inician ese proceso dos semanas después. Esto ha sido muy útil para ver cómo se han distribuido las áreas de riesgo”, destacó Miyamoto, según una nota de prensa oficial.
El experto encabeza un equipo de expertos enviado con apoyo de la Embajada de Estados Unidos para evaluar estructuras en Veraguas, Herrera, Coclé y Los Santos, las provincias más afectadas por el terremoto.
Estados Unidos ha destinado $6 millones en asistencia humanitaria para las comunidades golpeadas por el sismo y sus réplicas. De esta suma, un millón está dirigido a las labores que realizan los expertos de Miyamoto International, agrega la información gubernamental.