
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala reorientará sus programas para atender a los pequeños productores más expuestos a la sequía y a otros cambios climáticos, con una selección basada en los cultivos, la superficie trabajada y la ubicación de cada explotación.
La estrategia incluye el Seguro Agrícola, el Bono Campesino, la distribución de semillas y herramientas, y proyectos productivos para reducir las pérdidas y ajustar la producción a las nuevas condiciones.
La cobertura del Seguro Agrícola prevista para 2026 alcanzará a unas 10,900 personas, mientras que la cartera proyecta gestionar alrededor de Q 100 millones adicionales para ampliar el programa en 2027.
El objetivo es elevar la cobertura hasta unos 125 mil beneficiarios ante la posibilidad de mayores afectaciones durante los meses secos.
José Antonio López, viceministro de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, explicó que el Registro Único Agrícola será uno de los instrumentos centrales para definir el destino de la ayuda.
La base permite identificar a los productores, los cultivos que desarrollan, el área que trabajan y su ubicación geográfica.
El registro busca reemplazar una asignación sustentada únicamente en los listados presentados por organizaciones, municipalidades u otros actores.
Con esa información, el Ministerio pretende establecer prioridades según las condiciones particulares de cada territorio y concentrar los recursos en las zonas con mayores daños.
“El registro es un filtro que nos permite, con información de las bases que ustedes nos dan, decir: ‘Bueno, en primera línea están estos pequeños productores y a ellos va la atención’”, afirmó López durante una citación en el Congreso.

El registro agrícola como criterio para dirigir la ayuda
La incorporación al seguro no supone un pago automático para quienes figuran como beneficiarios. El mecanismo funciona como un seguro paramétrico: la compensación se activa cuando ocurre un fenómeno climático que cumple parámetros definidos de intensidad.
Una vez que el sistema establece la existencia de la afectación, emite una notificación para que los productores realicen el cobro. El funcionamiento depende, por lo tanto, de la medición del evento climático y no solo de la inscripción previa de la persona asegurada.
Parte de los agricultores cubiertos en 2025 que reportaron daños por sequía o inundaciones fue incorporada nuevamente al esquema para el año siguiente. El resto de los beneficiarios fue seleccionado a partir de los listados reunidos por las sedes departamentales.
La póliza vigente se extiende aproximadamente hasta abril de 2027, cuando deberá renovarse. Ante la perspectiva de que los períodos secos agraven las pérdidas, el MAGA busca aumentar el alcance del seguro en la próxima etapa.
López reconoció que existen limitaciones en el sistema de atención. Desde su puesto en la cartera, señaló haber observado situaciones con las que no coincide, aunque sostuvo que es necesario establecer mecanismos concretos para mejorar la respuesta institucional y dar seguimiento a los compromisos asumidos con los productores.
La adaptación productiva frente a los nuevos patrones del clima
La respuesta estatal no estará centrada solo en la asistencia ante emergencias. El viceministro planteó que la adaptación debe ser uno de los ejes para enfrentar las dificultades del sector agrícola, ya que las condiciones actuales impiden sostener los mismos patrones de trabajo que se aplicaban décadas atrás.
Los ciclos de cultivo y las intervenciones productivas deberán ajustarse al comportamiento del clima. La intención es que los programas de apoyo permitan desarrollar capacidades duraderas en los territorios y no se limiten a resolver un daño puntual provocado por la sequía o las inundaciones.
Como ejemplo, López mencionó un proyecto de cacao desarrollado durante varios años. El proceso fortaleció la producción hasta que los agricultores de esa zona pasaron a exportar cacao fino a Estados Unidos y Europa.
Para el funcionario, esa experiencia muestra que existen capacidades técnicas y conocimientos para impulsar proyectos productivos, aunque sus resultados dependen de la planificación, el seguimiento y la continuidad. El desarrollo de nuevas actividades requiere sostener las intervenciones más allá de una temporada agrícola.
El Viceministerio de Desarrollo Económico Rural trabaja además con organizaciones campesinas en planes de desarrollo que combinan acciones agrícolas y pecuarias. Esos planes contemplan bioinsumos, bioabonos y producción de hortalizas bajo condiciones protegidas.
Las iniciativas procuran adecuar los sistemas productivos a las variaciones climáticas y disminuir las pérdidas vinculadas con los períodos de sequía. Las declaraciones fueron formuladas durante una citación en el Congreso presidida por el diputado Darwin Lucas.
