Juan Francisco Solórzano Foppa fue asesinado este sábado junto con Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro durante un partido de fútbol en el complejo Campo Marte, en la zona 5 de la capital guatemalteca. La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo 10 minutos después a los hermanos Rigoberto Choc Toz y Daniel Zaqueo Choc Toz como presuntos responsables del ataque.
Días antes de su muerte, Solórzano Foppa había difundido un video, el 15 de octubre, en el que denunció una presunta incursión de mercenarios vinculados a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en Huité, Zacapa. Según su versión, el operativo del 27 de septiembre buscaba extraer a un narcotraficante identificado como “Haroldito” y dejó ocho muertos sin vínculos criminales conocidos.
El abogado sostuvo que al menos dos helicópteros sobrevolaron la zona y que 107 elementos del Ejército activaron sus armas durante el operativo, sin que se produjeran capturas ni se extrajera al supuesto objetivo. Antes de dirigir la Superintendencia de Administración Tributaria, Solórzano Foppa había sido fiscal del Ministerio Público en casos de crimen organizado y había realizado declaraciones públicas sobre estructuras criminales y pandillas.
Un ataque durante un partido y dos detenciones en la zona 16
El doble homicidio ocurrió a las 09:40 en una cancha sintética de Campo Marte, mientras se disputaba un encuentro de fútbol. Solórzano Foppa, de 43 años, y Aguilar Gamarro, de 45, trabajador de la Federación Deportiva Nacional de Judo, sufrieron múltiples heridas de bala, de acuerdo con el reporte de la Comisaría 13 de la PNC.
Al menos cinco motocicletas ingresaron al complejo deportivo y unos seis atacantes vestidos con ropa deportiva rodearon a las víctimas antes de disparar, indicó una fuente policial citada por Publinews. En el lugar fueron hallados al menos 50 casquillos percutidos, mientras que Solórzano Foppa habría recibido entre 20 y 25 impactos de bala.
La persecución concluyó a las 09:50 sobre el bulevar San Isidro, en la zona 16 de la capital. Los detenidos, originarios de Senahú, Alta Verapaz, fueron identificados como Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y su hermano Daniel Zaqueo Choc Toz, cuya edad fue consignada entre 18 y 28 años según distintas fuentes.
Los agentes incautaron una carabina con registro GF9-1138GUA, un cargador con municiones calibre 9 milímetros y un chaleco táctico. El arma estaba oculta en una mochila de una aplicación de pedidos en línea, según La Hora, y también fue consignada una motocicleta negra con placa M043NQT.
Ninguno de los hermanos tenía órdenes de captura vigentes cuando la Policía realizó la consulta. Ambos fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente junto con los objetos incautados y deberán comparecer en una audiencia donde se les comunicará formalmente el motivo de su detención.
El antecedente militar de uno de los sospechosos
Rigoberto Choc Toz integró el Ejército de Guatemala desde el 1 de febrero de 2017 hasta el 28 de febrero de 2019. La institución castrense confirmó a medios locales que se incorporó como soldado al Comando Regional Central, solicitó su baja de forma voluntaria y no registra cursos militares adicionales.
Daniel Zaqueo Choc Toz no formó parte de las filas militares, según el Ejército. Un exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad consideró que el posible vínculo de uno de los detenidos con la institución debe ser aclarado dentro de una pesquisa que alcance a todos los responsables.
Uno de los hermanos negó haber participado en el crimen durante su traslado a la Torre de Tribunales. “Pero si, si nada, no tenemos nada […] no sé por qué nos echó la culpa el tío. No sé. Hay cámaras, mejor que revise, que revise la cámara que nos llevamos”, declaró.
El detenido aseguró que los agentes inicialmente lo interceptaron para “tomar una foto” y que luego arribaron varias patrullas, aunque sostuvo que en ese primer control no hallaron objetos incriminatorios.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala condenó “el atroz asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal y firme defensor de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”. La representación diplomática pidió una investigación “completa y transparente” para esclarecer los hechos.
El presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta calificaron el ataque como cobarde, mientras el mandatario ordenó a las instituciones del Ejecutivo coordinarse con las autoridades competentes. La Procuraduría de los Derechos Humanos y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala reclamaron una investigación exhaustiva que evite la impunidad.
Las autoridades continúan las diligencias para determinar el móvil del doble homicidio y establecer si más personas participaron en la planificación del ataque.
