La prolongación del conflicto entre el gremio médico y las autoridades sanitarias provocó nuevos llamados para que las partes encuentren una salida que permita recuperar la atención en los hospitales y centros de salud públicos. Desde el sector empresarial, el ámbito laboral y las organizaciones de sociedad civil, las críticas se concentran en las consecuencias de la suspensión de servicios para los pacientes que dependen de la red estatal.
El abogado Germán Leitzelar sostuvo que la crisis no obedece a la falta de instancias para resolver las diferencias, sino a la ausencia de voluntad política. A su juicio, las controversias administrativas y laborales deben encontrar una solución sin comprometer la prestación de servicios esenciales para la población.
La presión también llegó desde el sector empresarial. Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), pidió a la Secretaría de Trabajo intervenir ante las protestas del Colegio Médico de Honduras (CMH) y levantar actas contra quienes mantienen suspendida parte de la atención sanitaria.
Urtecho cuestionó directamente a la dirigencia del gremio y utilizó el término “cartel” para referirse a ella, al tiempo que le pidió reconsiderar la continuidad de las medidas de presión.
“No están perjudicando al Gobierno ni perjudican al sector privado, perjudican al ciudadano común y corriente”, declaró.
El COHEP argumentó que el Código del Trabajo reconoce los servicios de salud como esenciales y sostuvo que corresponde a la Secretaría de Trabajo determinar las actuaciones legales que procedan frente a la suspensión de actividades.
Su planteamiento apunta a que las autoridades laborales intervengan para hacer cumplir la normativa. Sin embargo, las posibles responsabilidades y sanciones deben determinarse mediante los procedimientos correspondientes, sin dar por acreditadas infracciones únicamente a partir de las declaraciones de los sectores involucrados.
La ASJ reclama acuerdos
Desde la sociedad civil, Blanca Munguía, directora de Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización hondureña de promoción de derechos ciudadanos, calificó de lamentable y preocupante la prolongación de la crisis, debido a las consecuencias que enfrenta la población que necesita consultas, tratamientos y otros servicios médicos.
Munguía expresó indignación por la falta de acuerdos entre la Secretaría de Salud y el Colegio Médico, y lamentó el impacto que la interrupción de la atención tiene sobre las familias hondureñas.
Munguía recordó que el acceso a la salud es un derecho reconocido en la Constitución de la República y consideró que la población no debería continuar soportando las consecuencias de un conflicto que las partes todavía no han logrado resolver.
Ante el estancamiento de las conversaciones, planteó la posibilidad de recurrir a un intermediario que facilite el diálogo, siempre que exista voluntad de ambas partes para alcanzar compromisos.
Pacientes afectados
El impacto de la crisis se refleja en las consultas y procedimientos que han tenido que posponerse y que alrededor de 20.000 pacientes se encontraban sin consulta, mientras unas 3.000 operaciones habían sido pospuestas.
La suspensión de una consulta también puede obligar a reorganizar traslados, permisos laborales y gastos familiares, particularmente cuando los pacientes proceden de municipios alejados de los centros asistenciales.
Postura de gobierno
Aunque las emergencias y áreas críticas mantuvieron atención en los establecimientos reportados, la reducción de otros servicios incrementa la presión sobre los pacientes y sobre el sistema sanitario cuando se acumulan las citas pendientes.
La Secretaría de Salud informó el 9 de octubre que había cubierto más del 95% de los pagos reclamados por el personal médico y que continuaba revisando los casos pendientes.
Sin embargo, ese avance en los pagos no resolvió por sí solo el conflicto. Las diferencias entre las partes continúan afectando la normalización de las consultas y otros servicios. El principal desafío inmediato es alcanzar un acuerdo que permita reanudar la atención médica y definir cómo se resolverán los reclamos laborales que mantienen abierto el conflicto.