La tensión entre campesinos y agentes policiales marcó una jornada de protesta este jueves en El Progreso, Yoro, donde el bloqueo del puente de Quebrada Seca provocó un fuerte congestionamiento vehicular y dejó a transportistas y conductores particulares detenidos durante varias horas.
La movilización comenzó a las 5:00 de la mañana, cuando un grupo de manifestantes ocupó la vía para exigir respuestas a sus demandas económicas y agrarias.
Entre sus principales reclamos figuran la derogación de la Ley de Reactivación Agroindustrial, el freno a las alzas de los combustibles y de la energía eléctrica, así como medidas para enfrentar el alto costo de la vida y atender las dificultades relacionadas con el acceso a la tierra.
El cierre afectó la circulación por una carretera que conecta con distintos sectores del litoral atlántico hondureño. Conforme avanzaban las horas, las filas de vehículos se extendieron por varios puntos de la zona, mientras los conductores esperaban que se habilitara el paso.
La protesta también derivó en momentos de tensión cuando agentes policiales utilizaron gases lacrimógenos para intentar despejar la carretera y restablecer la circulación.
Durante el operativo, algunos campesinos expresaron su molestia por la intervención policial y aseguraron que no se había producido un diálogo previo antes del lanzamiento de los gases lacrimógenos.
Los manifestantes advirtieron que estaban preparados para defenderse con palos y piedras si volvían a ser agredidos, en medio de un escenario marcado por los reclamos económicos y la exigencia de que las autoridades escucharan sus planteamientos.
Por su parte, el comisionado policial Julio Méndez explicó que las instrucciones de los agentes consistían en liberar la vía pública lo más pronto posible. No obstante, afirmó que antes de recurrir a otras acciones se intentaría establecer un diálogo y negociar con los participantes.
“Si ellos no están de acuerdo, nosotros tenemos que cumplir con la ley, que es despejar la vía pública lo más pronto posible”, declaró el oficial al referirse al procedimiento policial.
Méndez también advirtió que los agentes podrían utilizar nuevamente gases lacrimógenos si la situación lo requería, siempre bajo los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones.
En el lugar, la Policía comunicó a los manifestantes que disponían de 10 minutos para retirarse de la carretera. Mientras transcurría ese plazo, las autoridades esperaban la llegada de más efectivos para reforzar el operativo.
La actuación policial elevó la tensión entre los participantes, que cuestionaron el uso de la fuerza y reclamaron que sus demandas fueran atendidas antes de proceder al desalojo.
José Martínez, representante de los manifestantes, cuestionó la intervención de los agentes y sostuvo que el grupo había acordado permanecer en el lugar durante más tiempo como parte de la jornada de protesta.
El dirigente explicó que la movilización responde a las dificultades económicas que enfrentan numerosas familias hondureñas, especialmente por el incremento de los gastos cotidianos, el precio de los combustibles y el costo de la electricidad.
“Ya no podemos ni siquiera comer. Mire el combustible cómo está. Mire con la energía eléctrica, ya no podemos”, expresó Martínez al describir la situación que, según señaló, atraviesan los hogares.
Los participantes sostuvieron que el bloqueo busca llamar la atención del Gobierno de Honduras sobre problemas que consideran urgentes y presionar para que las autoridades adopten medidas que alivien la carga económica de la población.
Además de las exigencias relacionadas con los combustibles y la energía, los campesinos insistieron en la necesidad de revisar las políticas agroindustriales y atender las demandas vinculadas con el acceso a la tierra, un asunto que forma parte de sus reclamos al Estado.
La exigencia de derogar la Ley de Reactivación Agroindustrial constituye otro de los puntos centrales de la movilización. Los manifestantes buscan que sus planteamientos sean incorporados a la discusión de las políticas públicas relacionadas con el sector agrícola.
El cierre del puente de Quebrada Seca generó complicaciones para las personas que necesitaban desplazarse por esta zona de Yoro, donde transportistas y conductores particulares reportaron permanecer detenidos durante varias horas.
La interrupción de la circulación afectó la movilidad por una ruta importante para las conexiones con otros sectores del litoral atlántico, mientras la presencia policial y las advertencias de los manifestantes mantenían la incertidumbre sobre la reapertura del paso.
Los campesinos insistieron en que su intención era visibilizar las dificultades económicas que enfrentan y reclamaron que se priorice el diálogo para encontrar respuestas a sus demandas.
Por su parte, la Policía Nacional mantuvo su postura de recuperar la circulación de la carretera y advirtió que actuaría conforme a la ley si los participantes no acataban la orden de despejar la vía.