La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), bajo la administración del rector Walter Mazariegos, impulsó una serie de recursos legales y recurrió a la Corte de Constitucionalidad (CC) para anular los allanamientos ejecutados por el Ministerio Público en sus instalaciones centrales.
Las medidas de la casa de estudios pretenden frenar las pesquisas dirigidas por el fiscal general Gabriel García Luna, con las que se investiga el borrado sistemático de los registros académicos de decenas de universitarios opositores a Walter Mazariegos.
La Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) de la Usac, con el respaldo del Consejo Superior Universitario (CSU), planteó un incidente de nulidad e ineficacia, una actividad procesal defectuosa y una acción de amparo.
El argumento de las autoridades universitarias sostiene que la orden judicial adolece de inconsistencias y errores esenciales, al alegar que el operativo del pasado 18 de septiembre debió ser autorizado por un juez natural y no por la Jueza Neldy Vanessa Rodríguez Andrade, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal para Diligencias Urgentes.
Días atrás, el jefe del Ministerio Público, Gabriel García Luna, defendió en conferencia de prensa la legalidad del procedimiento tras secuestrar pruebas informáticas. García Luna detalló que las diligencias responden a denuncias de al menos 30 estudiantes que vieron eliminados sus registros de manera arbitraria, lo que impidió la asignación de cursos durante el segundo semestre de 2026 y afectó principalmente a dirigentes opuestos a la gestión de Mazariegos. El conflicto legal escala ante la Corte de Constitucionalidad Para bloquear los avances de la fiscalía, el Consejo Superior Universitario aprobó elevar el caso ante la Corte de Constitucionalidad, tribunal que integra la magistrada Julia Marisol Rivera, electa por la propia representación universitaria y vinculada al secretario general de la institución, Luis Cordón Lucero. De acuerdo con el documento del máximo órgano de dirección universitaria al que Infobae tuvo acceso, el amparo fue presentado el 22 de septiembre y le corresponde el número 8846-2026. Mientras que el memorial sobre la nulidad de los allanamientos se presentaron el 21 del mismo mes.Por su parte, luego de los allanamientos el Ministerio Público sostuvo que las denuncias abarcan posibles delitos en el Departamento de Registro y Estadística y la Dirección General de Administración. El ente investigador recopiló información de computadoras y cuentas en la nube para determinar la responsabilidad de los funcionarios universitarios en la alteración de datos académicos. Mientras que la Usac detalló en el documento que el Ministerio Público secuestró dos computadoras tipo laptop y un CPU con su pantalla. Uno de los ordenadores estaba a cargo del ingeniero Walter Joel Mendoza Chiguichon, sin detallar el cargo o puesto dentro del recinto universitario.Además, facultaron a la Dirección de Asuntos Jurídicos para iniciar las acciones legales en contra de quienes, según ellos, “hayan incurrido en posible responsabilidad al abusar del cargo público que ostentan, excediéndose u omitiendo la aplicación de los preceptos legales vigentes”.Las voces disidentes califican de maniobra desesperada las medidas de la rectoría En entrevistas concedidas a Infobae, representantes estudiantiles y juristas cuestionaron las acciones promovidas por las autoridades del centro de estudios superiores. Byron García, secretario general de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), afirmó: “Vemos como medidas desesperadas las que la universidad está realizando para intentar atrasar o impedir todos estos procesos”, aunque reconoció que los estudiantes afectados ya lograron asignarse y actualmente se encuentran estudiando con normalidad.
El dirigente añadió que los afectados buscan justicia y garantías de que estas inconsistencias no vuelvan a ocurrir. Por su parte, Aníbal García, asesor legal de la organización Dignidad y Rescate (Usac-Dire), advirtió sobre el uso del tribunal constitucional para frenar las investigaciones penales.
“Nos preocupa el tema de que estén planteando amparos con la intención de garantizarse impunidad y que seguramente son amparos absurdos alegando que la autonomía universitaria les garantiza no ser investigados”, declaró a Infobae.
Según dijo el abogado, la preocupación radica en las estructuras de poder que aún mantienen los directivos universitarios en parte del sistema judicial, luego de perder gran parte de su poder con la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público.
El abogado remarcó que las diligencias se desarrollan dentro del marco del debido proceso y que ningún recurso legal debería impedir la labor indagatoria del Ministerio Público.