Maricarmen Abascal tenía 87 años, una discapacidad del 50% y siete décadas de vida en el mismo piso del barrio de Retiro, en Madrid. Setenta años en un hogar que no era solo un espacio físico, sino el soporte de su autonomía, su identidad y su continuidad vital. En septiembre de 2026, ese hogar dejó de ser suyo. Los nuevos propietarios le triplicaron el alquiler a un monto imposible de afrontar con su pensión. El 23 de septiembre fue desalojada. Quince días después murió en el hospital.
Su historia revela una vulnerabilidad que no nace sólo de la edad, sino de la interacción entre mercado inmobiliario, burocracias digitalizadas y políticas públicas que no alcanzan a quienes más las necesitan. Y muestra un fenómeno que excede a España: en la Argentina también se producen desalojos de personas mayores que quedan en la calle sin acompañamiento institucional, sin redes de apoyo y sin una evaluación real de su situación vital. No existen estadísticas oficiales que permitan dimensionar cuántas personas mayores pierden su vivienda cada año; esa ausencia de datos es, en sí misma, una forma de invisibilización institucional. Lo que sí se registra, a través de defensorías y organizaciones sociales, son casos reiterados de adultos mayores desalojados o en riesgo habitacional, lo que confirma que el fenómeno existe, pero no está medido. La falta de información pública impide diseñar políticas de prevención y construir estándares de tutela reforzada que respondan a las necesidades reales de quienes envejecen en contextos de precariedad.
La reacción política en España llegó tarde. Tras el cumplimiento de la medida judicial, el Gobierno emitió dos decretos-ley que buscaban frenar desalojos, limitar aumentos de alquiler y estabilizar contratos. Pero el Congreso los rechazó pocos días después. Quedaron derogados. Y el país entró en un clima de tensión que terminó en elecciones anticipadas.
Maricarmen quedó atrapada en ese vacío normativo: un espacio donde la protección depende de mayorías parlamentarias coyunturales y no de estándares estables. Su vida se volvió rehén de una disputa política. Y perdió.
Pero algo inesperado ocurrió entonces: los jóvenes ocuparon la Puerta del Sol. Lo hicieron para acompañarla, para denunciar su situación y, al mismo tiempo, para visibilizar las propias. Muchos viven en habitaciones compartidas, en alquileres temporarios, en contratos precarios que se renuevan por pocos meses. La plaza se transformó en un espacio de solidaridad intergeneracional donde la vejez y la juventud se encontraron en una misma demanda: el derecho a un hogar digno.
Ese gesto iluminó algo esencial: la vulnerabilidad habitacional no distingue edades. Y mostró que la protección constitucional no puede pensarse solo desde la lógica sectorial, sino desde un lazo siempre necesario entre generaciones. Cuando los jóvenes defienden a una mujer mayor desalojada, no solo la protegen a ella: protegen su propio futuro.
El caso de Maricarmen obliga a mirar de frente una tensión constitucional que suele quedar oculta detrás de tecnicismos: ¿cómo armonizar el derecho de propiedad con el derecho a una vivienda digna cuando la persona afectada es mayor y vulnerable?
La Constitución española protege la propiedad, pero la somete a su función social. Reconoce también el derecho a la vivienda y la suficiencia económica de la tercera edad. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea hace lo mismo: propiedad, vida digna e independiente de las personas mayores, ayuda a la vivienda. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige proporcionalidad entre propiedad y domicilio.
No se trata de sacrificar un derecho en nombre del otro. Se trata de evitar que la aplicación rígida del derecho de propiedad produzca daños irreparables en quienes ya enfrentan vulnerabilidades acumuladas. La vejez, en este sentido, no es un déficit: es una etapa del curso de vida donde las fragilidades pueden intensificarse según las condiciones materiales, las barreras del entorno y la calidad de las prácticas institucionales.
El hogar, para quienes envejecen, es mucho más que un techo. Es el lugar donde se sostiene la autonomía, donde se preserva la identidad, donde se anclan los vínculos y las rutinas que dan sentido a la vida cotidiana. Desarraigar a una persona mayor del espacio donde vivió toda su vida es un daño que excede lo económico: es un quiebre existencial. Por eso el derecho internacional habla de envejecer en el propio entorno. Y por esa razón la tutela constitucional debe ser reforzada cuando la persona enfrenta vulnerabilidades múltiples -por edad, género, discapacidad o pobreza- o precariedad habitacional.
Maricarmen quedó expuesta en el peor momento: sin vivienda, sin redes de apoyo, sin capacidad de gestionar trámites, sin un Estado que actuara a tiempo. Su vulnerabilidad se transformó en daño irreversible. Y ese daño, lejos de ser excepcional, se repite en distintos países, incluida la Argentina, donde la falta de políticas habitacionales sensibles al curso de vida deja a muchas personas mayores en situaciones límite.
Armonizar propiedad y vivienda no significa anular la propiedad. Significa ponderar caso por caso, con herramientas que ya existen: prórrogas obligatorias, realojo asistido, compensación justa al propietario, evaluación de vulnerabilidad por edad y discapacidad, acompañamiento institucional efectivo y accesibilidad digital real. La clave es incorporar una perspectiva de vejez y discapacidad en cada decisión judicial y administrativa. No es ideología: es constitucionalismo contemporáneo.
La propiedad es un derecho legítimo. Pero también tiene una función social. Cuando el sistema falla frente a quien es doblemente vulnerable -por edad y por discapacidad- el costo es irreparable. Maricarmen no debería ser un símbolo. Debería haber sido protegida.
Su muerte obliga a revisar cómo España, Europa y América Latina están respondiendo a los desalojos de personas mayores en contextos de mercados tensionados, digitalización acelerada y políticas habitacionales insuficientes. La pregunta es simple y urgente: ¿cuántas Maricarmen más vamos a permitir?