Las autoridades de Guatemala confirmaron que al menos dos atacantes participaron en el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido en una cancha del Campo Marte de la ciudad de Guatemala mientras dirigía un partido de fútbol. El ataque también causó la muerte de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, considerado por los investigadores una víctima colateral, y dejó a dos hermanos detenidos como sospechosos.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda en conferencia de prensa, indicó que los indicios balísticos recogidos en el lugar apuntan a la participación de, como mínimo, dos personas. Sobre los detenidos, aclaró: “No estamos diciendo a priori que son culpables. Son sospechosas de haber participado en este hecho criminal”.
En tanto, el Ministerio Público (MP) en sus redes sociales público que asumió la conducción de las diligencias y anunció que evaluará todas las hipótesis razonables para establecer las circunstancias y el móvil del crimen, además de identificar a los responsables. La institución sostuvo que sus actuaciones estarán guiadas por “la dignidad de las víctimas y el derecho a la verdad y a la justicia”.
Dos hermanos detenidos y un arma bajo análisis balístico
Rigoberto Choc Tos, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Tos, de 18 años, fueron capturados en el bulevar San Isidro, en la zona 16 de la capital. Ambos son originarios de San Antonio, Senahú, en Alta Verapaz.
La Policía Nacional Civil recibió alertas al número de emergencias 110 sobre dos personas que vestían prendas deportivas del Fútbol Club Barcelona. Según la versión oficial, durante la detención se localizó un arma de fuego dentro de un empaque utilizado por repartidores de aplicaciones de entrega.
El ministro precisó que el arma no estaba completamente cargada y que todavía debe ser sometida a análisis balístico para determinar si coincide con los indicios encontrados en la escena. Rigoberto Choc Tos integró el Ejército de Guatemala entre el 1 de febrero de 2017 y el 28 de febrero de 2019, cuando dejó la institución por solicitud propia; su hermano menor nunca formó parte de las fuerzas armadas.
Los detenidos ofrecieron una versión distinta ante los medios. Aseguraron que agentes policiales revisaron sus documentos, los dejaron continuar y los capturaron nuevamente unos 200 metros más adelante.
También denunciaron que su teléfono celular se rompió durante el procedimiento y que el dispositivo contenía pruebas de que realizaban una entrega para una aplicación cuando ocurrió el ataque. El ministro cuestionó esa situación: “Me parece raro que se le haya quebrado el teléfono (…) eso es una evidencia que es importantísima para determinar su responsabilidad”.
Las autoridades verifican con la plataforma de repartos si los hermanos trabajaban para esa aplicación y cuál fue su recorrido durante la jornada del crimen. El funcionario sostuvo que la información de un teléfono puede recuperarse pese al daño físico del aparato. En tanto un grupo de repartidores de la aplicación en cual, según los detenidos trabajan, se presentaron a torrre de tribuanales a brindar su apoyo.
Un esquema de protección reforzado desde noviembre
Solórzano Foppa contaba con protección de la División de Protección de Personalidades desde 2010, debido a su actividad como fiscal del Ministerio Público. El ministro afirmó que el esquema fue reforzado en noviembre, aproximadamente un año después de asumir la cartera, por el perfil público que el exfuncionario había adquirido, incluida su presencia en redes sociales.
No existen registros de denuncias presentadas por Solórzano Foppa por amenazas recientes en su contra. El ministro recordó que conoció al exfiscal cuando era juez de turno, en 2006, y Solórzano Foppa litigaba ante su juzgado.
Durante su carrera en el MP, el exfiscal investigó estructuras criminales, entre ellas la pandilla Barrio 18, y consiguió la condena de Aldo Dupié Ochoa, alias El Lobo. El ministro defendió que el incremento de la custodia reflejaba el compromiso institucional con su protección, aunque admitió que ningún esquema de seguridad es infalible.
Al momento del ataque, Solórzano Foppa estaba junto a su hijo menor de edad en una cancha del Campo Marte. No jugaba el partido: dirigía al equipo desde uno de los costados y pidió a uno de sus escoltas que permaneciera con el niño.
Los agentes de seguridad estaban a una distancia de entre 30 y 40 metros cuando se produjeron los disparos. “La escolta en su momento tuvo un intento de reacción, pero fue demasiado tarde”, relató el ministro, quien atribuyó el desorden posterior al pánico de las personas presentes.
Cámaras, testimonios y pruebas pendientes en la investigación
Cuatro equipos de la División Especializada de Investigación Criminal permanecen en el lugar del crimen en coordinación con el Ministerio Público. Las próximas diligencias incluyen el análisis de las cámaras de videovigilancia del Campo Marte, administradas por el Ministerio de Cultura, pruebas de absorción atómica, estudios balísticos y declaraciones de testigos.
El funcionario descartó que los puestos de control instalados en los alrededores del Campo Marte y el bulevar Vista Hermosa antes del ataque estuvieran vinculados con el homicidio. Explicó que forman parte del plan Semáforo Seguro, aplicado de manera permanente en el departamento de Guatemala, donde se concentra el 80% de los homicidios del país, según sus datos.
El ministro señaló que el Campo Marte no tenía antecedentes de violencia hasta el día del ataque. Consultado sobre otros hechos violentos recientes contra exfuncionarios, evitó establecer una conexión directa y sostuvo que los períodos preelectorales han registrado históricamente un incremento de la violencia.
“Si esto es parte de un plan deliberado para generar zozobra, generar alarma y generar un desgaste al gobierno, es una situación que nosotros todavía tenemos que investigar. No tengo ahorita elementos de convicción para asegurar que esto es así”, afirmó.
Las autoridades también resguardan a la familia de Solórzano Foppa y preservan los indicios recogidos en la escena. El ministro pidió verificar el origen de las fotografías y videos difundidos en redes sociales antes de compartirlos, ante la posibilidad de que hayan sido manipulados o generados con inteligencia artificial.