Nicaragua no fue incluida en la ronda de encuestas de Latinobarómetro 2026 debido a la imposibilidad de garantizar condiciones seguras para el trabajo de campo.
El informe, basado en 19,207 entrevistas presenciales efectuadas entre el 7 de mayo y el 17 de junio en 17 países de América Latina, precisa que el monitoreo regional depende de que se pueda proteger a los equipos encuestadores.
“En Venezuela, a pesar de que es una dictadura, se puede entrevistar sin peligro de represión, mientras que en Nicaragua desde 2020 ya no se puede”, señala el documento.
Esa situación explica la ausencia del país en los indicadores comparativos de opinión pública, que incluyen temas como apoyo a la democracia, confianza institucional, percepción sobre el Estado, seguridad, migración y relaciones internacionales.
Latinobarómetro recuerda que, entre 1995 y 2026, ha aplicado unas 530,000 entrevistas en 18 países de la región. Sin embargo, la falta de garantías para sus encuestadores impide contar con datos directos y actualizados sobre la percepción de los nicaragüenses en la actual coyuntura política.
El reporte clasifica a Nicaragua entre las dictaduras de América Latina y vincula esa condición con el progresivo cierre de los espacios de competencia política, la persecución contra opositores y el debilitamiento de las garantías democráticas.
Daniel Ortega regresó al poder mediante elecciones en 2006, después de haber formado parte de la Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y de ejercer la Presidencia entre 1985 y 1990.
De acuerdo con el informe, Ortega acumula 28 años en el poder, una cifra que supera la permanencia del dictador Anastasio Somoza. La publicación sostiene que el mandatario, quien llegó al Gobierno como una figura de la revolución sandinista contra Somoza, terminó por instaurar un sistema que encarcela adversarios y persigue a quienes disienten.
Uno de los hechos destacados por Latinobarómetro es el anuncio atribuido a Ortega en junio de 2026: “Aquí no volverá a haber elecciones”.
Para la corporación, la reacción regional ante esa declaración refleja que, incluso en contextos autoritarios, las elecciones conservan un valor simbólico y político central para las sociedades latinoamericanas.
El estudio señala que el 74% de los latinoamericanos considera que no puede haber democracia sin elecciones, el nivel más alto de legitimidad entre los componentes evaluados del sistema democrático. En contraste, los partidos políticos, el Parlamento y la oposición tienen una valoración menor como instituciones indispensables.
La eliminación abierta de las elecciones, sostiene el documento, genera rechazo porque afecta la posibilidad de alternancia y la idea de que la soberanía reside en los ciudadanos. Latinobarómetro plantea que en la región puede existir una tolerancia ambigua frente a prácticas autoritarias, pero no frente a la supresión explícita de los comicios.
Aunque Nicaragua no fue encuestada en 2026, aparece en una pregunta regional sobre cómo los ciudadanos califican a distintos gobiernos. El 56% de los latinoamericanos consultados describe al país como una dictadura o un régimen autoritario, mientras que el 17% aún lo considera una democracia.
El organismo califica ese resultado como llamativo, dado el prolongado control político de Ortega y el historial de represión contra voces opositoras. Según el análisis, la percepción incompleta sobre Nicaragua puede explicarse, en parte, por la persistencia de una imagen vinculada a su pasado revolucionario.
La exclusión de Nicaragua de la medición no es, por tanto, solo una decisión metodológica. Para Latinobarómetro, constituye en sí misma un indicador de la gravedad del deterioro democrático: un país donde ya no es posible preguntar libremente a la ciudadanía sin que quienes realizan las entrevistas enfrenten riesgos.