En medio de confusiones sobre el caso, un juzgado de turno de Guatemala decretó falta de mérito y ordenó la libertad inmediata de los hermanos Rigoberto Choc Toz y Daniel Zaqueo Choc Toz, quienes habían sido capturados tras el crimen del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. La resolución judicial, dictada en una audiencia bajo reserva este domingo 18 de octubre de 2026, estableció que los elementos presentados por el Ministerio Público (MP) resultaron insuficientes para ligar a los sindicados a proceso penal o justificar su detención preventiva. El órgano jurisdiccional determinó la desvinculación de los procesados en esta etapa procesal, lo cual permitió que ambos recuperaran su libertad a la espera de los trámites administrativos en la carceleta.Tras la resolución del juez, el Ministerio Público emitió un comunicado en el que confirmó que continúa con las diligencias de investigación y el análisis científico de indicios para esclarecer las circunstancias e individualizar a las personas vinculadas con el doble homicidio. El caso sigue bajo reserva y sin detalles El abogado defensor Karlos de León, afirmó que el caso sigue bajo reserva, por lo que no puede dar detalles de los motivos de la liberación de sus defendidos. Periodistas y medios de comunicación han consultado a De León si se iniciará alguna acción legal en contra luego de la captura de los hermanos debido a los señalamientos de supuesta implantación de pruebas, pero insistió en la reserva del caso. “Para bendición de los hermanos se les ha dictado una falta de mérito, ahora falta dar con los responsables de tan lamentable crimen y que el Ministerio Público pueda seguir con el proceso de la investigación debido a que, obviamente, el proceso sigue abierto”, afirmó De León durante una transmisión en vivo en su canal de TikTok. Además, informó que las pertenencias de los detenidos aún continúan bajo resguardo policial y que ahora los hermanos deberán pagar las cauciones para liberar la motocicleta con la que laboraban en el reparto de alimentos. Ministerio Público guardará silencio Hasta ahora se desconoce si la falta de mérito fue dictada por el juzgado o fue solicitada por le Ministerio Público. Al respecto el ente investigador respondió que no darán detalles relacionados con la investigación o el caso. “La reserva de las actuaciones responde a la necesidad de proteger el desarrollo de las diligencias de investigación, evitar que la divulgación de información pueda comprometer sus resultados y garantizar el debido proceso”, indicaron. Ante esto recalcaron: “Por esta razón, no se proporcionarán detalles sobre el caso, incluyendo información relacionada con las diligencias realizadas, los indicios recabados, las posibles líneas de investigación ni ningún otro elemento vinculado con las actuaciones”. Gobernación dice que respeta la decisión de los órganos jurisdiccionales Luego de la resolución del Juzgado de Turno, el Ministerio de Gobernación (Mingob), entidad de la que depende la Policía Nacional Civil afirmó que tuvieron conocimiento del fallo judicial y que “respetan la decisión del órgano jurisdiccional competente”. “Desde la conferencia de prensa del 17 de octubre, el Ministro de Gobernación dejó establecido que las detenciones no constituían una determinación de culpabilidad y que la investigación debía conducirse con objetividad, sin ajustar sus conclusiones a las capturas realizadas”, informaron a medios de comunicación. Además, indicaron que continuarán colaborando con el Ministerio Público en la investigación y que “cualquier actuación policial deberá ser examinado por las autoridades competentes, con pleno respeto al debido proceso”.Tampoco informaron si la Inspectoría General de la PNC iniciará o no alguna investigación interna sobre la detención de los hermanos Choc Toz, ni se han pronunciado sobre las irregularidades planteadas en torno a su aprehensión. Mientras que en declaraciones al Diario La Hora de Guatemala, fuente judiciales les indicaron que “el fusil que la Policía Nacional Civil reportó como un indicio contra los detenidos habría sido colocado por los propios agentes y no correspondería al arma utilizada en el ataque armado”. Además, les detallaron al medio de comunicación que fue el Ministerio Público el que solicitó la falta de mérito contra los hermanos Choc Toz debido a “las irregularidades relacionadas con la captura”. Protesta frente a Torre de Tribunales Decenas de personas, entre familiares, amigos y compañeros de trabajo se apersonaron frente a Torre de Tribunales para manifestar por la detención de los hermanos Choc Toz. A su salida fueron recibidos con cohetillos y muestras de solidaridad. Las personas permanecieron durante horas apostados frente al ingreso de las carceletas donde permanecieron recluidos desde la mañana del sábado 17 de octubre. En el lugar se escuchaban vuvuzelas y vítores de “¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!”, al tiempo que exigieron justicia por el asesinato de Solórzano Foppa.Mientras que el área era reguardada por Fuerzas Especiales antimotines de la Policía Nacional Civil. Un ataque armado en el Campo Marte cobró la vida del exfiscal y de un acompañante El hecho criminal se registró la mañana del sábado 17 de octubre en las instalaciones deportivas del Campo Marte, en la zona 5 de la capital. De acuerdo con las actuaciones oficiales, un grupo armado ejecutó un ataque directo contra el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, hecho en el que también falleció Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, a quien las autoridades identificaron como víctima colateral del tiroteo.
Las primeras pesquisas a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaron que al menos cuatro personas habrían participado en el atentado y que al menos dos agresores dispararon en el lugar.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, detalló que los equipos de investigación criminal revisan las grabaciones de las cámaras de vigilancia del complejo para reconstruir la secuencia del hecho e identificar a los responsables.
Los hermanos Choc Toz recuperaron la libertad tras ser desvinculados por falta de pruebas
Las fuerzas de seguridad aprehendieron a Rigoberto Choc Toz y Daniel Zaqueo Choc Toz horas después del ataque en la zona 16 capitalina.
El reporte policial preliminar consignó que los hombres llevaban un arma con municiones dentro de una caja de repartos.
Sin embargo, desde el momento de su detención, ambos defendieron su inocencia y solicitaron la revisión de las cámaras del sector para demostrar que laboraban como repartidores de comida.
El abogado defensor Karlos de León y familiares de los aprehendidos, representados por su hermano Enrique Choc, cuestionaron el procedimiento policial e indicaron diferencias entre las prendas de vestir observadas en imágenes difundidas y las de los detenidos.
Asimismo, la defensa denunció irregularidades como la destrucción de los teléfonos móviles de los sindicados y la falta de peritajes para determinar si tuvieron contacto con armas, argumentos que respaldaron la decisión judicial de conceder la libertad.
Los ciudadanos, originarios de Senahú, indicaron que aún desconocen si regresarán a su lugar de origen, debido a que tienen que coordinar con el abogado.
Juan Francisco Solórzano Foppa construyó una trayectoria entre la fiscalía y causas judiciales
Juan Francisco Solórzano Foppa, de 43 años, constituyó una figura pública de relevancia en Guatemala por su labor investigativa y administrativa.
Se desempeñó durante 12 años en el Ministerio Público, entidad donde encabezó la Dirección de Análisis Criminal y aportó insumos para desarticular la red de defraudación aduanera conocida como La Línea en 2015.
En 2016 asumió la jefatura de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), gestión caracterizada por auditorías e intervenciones de cobro a grandes evasores fiscales hasta su remoción en 2018.
En los últimos años, el profesional del derecho asumió la defensa en expedientes penales de alto impacto, entre ellos la representación del periodista José Rubén Zamora, causa por la que enfrentó encarcelamiento y condenas conmutables.
Pese a las restricciones para ejercer la abogacía, Solórzano Foppa permaneció activo en la opinión pública y en el litigio de casos de exfuncionarios hasta el momento de su fallecimiento.