La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura de Guatemala promoverá acciones legales para que se investigue la actuación de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que participaron en la detención de los hermanos Choc Toz, acusados de participar en el asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. La decisión del organismo se oficializó tras la resolución judicial que declaró la falta de mérito a favor de Rigoberto y Daniel Choc Toz, quienes laboraban como repartidores de una empresa Delibery. A través de un comunicado oficial, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) remarcó que la persecución penal debe sustentarse en pruebas legítimas y en el respeto estricto al debido proceso y a la presunción de inocencia. La entidad enfatizó que la gravedad de los delitos jamás justifica abusos ni procedimientos contrarios a la ley, por lo que buscará establecer responsabilidades penales y administrativas contra los efectivos involucrados en el operativo que ha dejado un sin fin de preguntas que aún no han sido solventadas.En el documento institucional se concluyó que ningún crimen debe quedar impune, pero tampoco ninguna arbitrariedad cometida en nombre de la justicia. Rigoberto Choc Toz denunció que los agentes colocaron un fusil en su mochila durante la revisión policial Rigoberto Choc Toz relató a medios de comunicación que la intercepción ocurrió cuando se conducía en motocicleta junto a su hermano. Según su testimonio, dos agentes en moto los detuvieron inicialmente alegando un control de rutina, pero después los dejaron. Pese a que los policías les permitieron retirarse en una primera instancia, minutos después los persiguieron nuevamente y les dijeron que era porque buscaban a una persona vestida con una camiseta del club Barcelona, prenda que coincidía con la descripción previa de supuestos sospechosos. Mientras que permanecían retenidos, los dos agentes convocaron a cerca de 20 efectivos más que llegaron en viarias autopatrullas. Durante la inspección en la vía pública, los agentes trasladaron la mochila de reparto del trabajador al interior de un vehículo policial. Choc Toz afirmó que al llegar a la comisaría descubrió que los policías habían introducido un arma de fuego en su equipaje para fotografiarlos junto a ella y acusarlos de portación ilegal.En sintonía con este relato, fuentes judiciales confirmaron al diario La Hora que el fusil presentado por la PNC no correspondía al arma utilizada en el ataque y fue colocado por los mismos policías. La vicepresidente Karin Herrera exigió revisar los protocolos policiales durante el velatorio de Solórzano Foppa En el velatorio del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, realizado este lunes 19 de octubre en una funeraria de la capital, la vicepresidente de Guatemala, Karin Herrera, manifestó su pesar por lo ocurrido y se refirió a la detención de los hermanos Choc Toz y la actuación de la PNC. Herrera indicó que “corresponde al sistema de justicia verificar sus procedimientos y esclarecer lo que sucedió” con el objetivo de detectar fallas en el control institucional. La vicemandataria sostuvo que la ciudadanía requiere una investigación transparente y rigurosa que garantice certeza sobre el trabajo de las fuerzas de seguridad y el esclarecimiento pleno de los hechos. El asesinato del exfiscal Solórzano Foppa en una cancha deportiva antecedió a las detenciones irregulares El origen de los operativos policiales se remonta a la mañana del sábado 17 de octubre de 2026, cuando Juan Francisco Solórzano Foppa fue víctima de un ataque armado directo en el complejo deportivo Campo Marte, en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. El abogado y exfiscal, de 43 años, jugaba un partido de fútbol cuando hombres armados le dispararon a corta distancia. En el mismo hecho falleció Gustavo Adolfo Aguilar Gamarra, de 52 años, y tres personas más resultaron heridas, mientras que en el lugar se hallaron más de 20 casquillos de bala.
Solórzano Foppa tuvo una destacada trayectoria en la función pública como director de Análisis Criminal en el Ministerio Público y titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Durante su gestión encabezó investigaciones sobre redes de corrupción de alto nivel y posteriormente ejerció como abogado defensor en casos de relevancia nacional.