En horas de la madrugada de este miércoles 7 de octubre, la tranquilidad del sector conocido como El Mango, en el cantón Llano El Ángel, jurisdicción de Ciudad Barrios (San Miguel Norte), fue interrumpida por un desgarrador suceso de violencia e incendio que consternó a la comunidad local.
Según el reporte de la Policía Nacional civil (PNC) y versiones recopiladas por los medios locales como Canal 14 TLM, José Gabriel Márquez López, de 55 años, un hombre deportado en el año 2010 y con antecedentes de padecer problemas psiquiátricos, atacó con un arma blanca a varios integrantes de su propia familia en el interior de la vivienda que compartían.
Durante la agresión, Márquez López le quitó la vida a su sobrino de tan solo 6 años de edad a causa de la gravedad de las heridas provocadas. Tras perpetrar el ataque armado contra los habitantes del inmueble, el sujeto habría provocado un incendio que envolvió en llamas la estructura del hogar, generando momentos de angustia y desesperación entre los vecinos que intentaban prestar auxilio a las víctimas en medio de la oscuridad.
El siniestro y la violencia desatada dejaron un saldo lamentable: además del menor fallecido, cinco miembros del núcleo familiar resultaron con quemaduras y lesiones de consideración. Las víctimas sobrevivientes identificadas en el lugar corresponden a:
- María Telma Portillo (46 años)
- María Nolvia Amaya (33 años)
- María Estela López (46 años)
- José Santos López (53 años)
- René Gabriel Márquez (15 años)
Todas estas personas fueron conducidas a centros asistenciales donde permanecen bajo diagnóstico reservado. Una de las víctimas, además de las quemaduras causadas por el fuego, presenta profundas heridas de arma blanca en su cuerpo.
Efectivos policiales desplegados en la zona aprehendieron de inmediato a José López, quien será puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para enfrentar cargos procesales por homicidio, lesiones e incendio/daños.
La inimputabilidad por trastorno mental en la legislación penal salvadoreña
Ante hechos donde se reporta que el agresor padece afecciones o trastornos de salud mental, el ordenamiento jurídico de El Salvador establece mecanismos y procedimientos específicos en el Código Penal (CP) y el Código Procesal Penal (CPP) para determinar la responsabilidad penal del individuo.
De acuerdo con el Artículo 27, numeral 4 del Código Penal salvadoreño, se declara inimputable (exento de responsabilidad penal) a quien, al momento de realizar la acción punible, no posea la capacidad de comprender la ilicitud de su acto o de actuar conforme a esa comprensión, a causa de una enajenación mental, un trastorno mental transitorio u otras alteración psíquica grave.
Para verificar esta condición, durante la fase de instrucción del proceso penal se ordena un peritaje psiquiátrico forense a cargo del Instituto de Medicina Legal (IML). Los peritos determinan el estado mental del procesado al momento exacto en que ocurrieron los hechos.
Además, Si los tribunales confirman mediante los dictámenes médicos que la persona actuó bajo un estado de inimputabilidad absoluta:
- El juez dictará una absolución penal, pero declarará al procesado sujeto a una medida de seguridad (Artículos 93 y 94 del Código Penal).
- La medida de seguridad suele consistir en el internamiento en un centro de atención psiquiátrica o establecimiento especializado, bajo custodia y supervisión médica continua.
- La duración de este internamiento se evalúa periódicamente y no puede exceder el tiempo máximo de la pena fijada para el delito cometido (en este caso, la pena aplicable al homicidio agravado).
Aunque una persona sea declarada exenta de pena de prisión por inimputabilidad, la legislación salvadoreña contempla que la responsabilidad civil (reparación de daños materiales, gastos médicos y perjuicios causados a las víctimas) continúa vigente conforme a la ley y debe ser cubierta por el procesado o por quienes ejerzan su tutela legal, según corresponda.
El caso continuará bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para recabar las pruebas periciales y determinar el cauce del juzgamiento contra Márquez López.