La respuesta de la justicia ecuatoriana frente al lavado de activos presenta importantes limitaciones para investigar y sancionar las operaciones financieras vinculadas con el crimen organizado. Tres de cada cuatro procesos examinados no registran sentencia y una proporción considerable termina archivada o sobreseída, según una investigación del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), desarrollada en el marco del proyecto Crime-Lab II, implementado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).
El estudio, correspondiente al período 2023-2025, analizó 48 procesos judiciales que involucraron a 249 personas naturales y jurídicas. De ese universo, únicamente ocho procesos llegaron a sentencia. Otros 16 permanecían sin resolución, 13 fueron archivados por falta de formulación de cargos y siete terminaron sobreseídos por ausencia de acusación fiscal. Estas últimas tres categorías representan el 75% de los expedientes examinados.
Los resultados evidencian una brecha entre la capacidad del sistema penal para iniciar investigaciones y su posibilidad de concluirlas mediante decisiones judiciales. Sin embargo, el informe distingue entre causas pendientes y procesos cerrados sin condena, situaciones que responden a circunstancias procesales diferentes y no constituyen, necesariamente, casos de impunidad.
La investigación también examinó las decisiones adoptadas respecto de las personas procesadas. De las 249 identificadas, 125 recibieron llamamiento a juicio y sus causas continuaban en trámite, mientras que 42 llegaron a sentencia. Otras 27 estuvieron vinculadas con archivos por falta de formulación de cargos y 25 fueron sobreseídas por ausencia de acusación fiscal.
En los ocho procesos que alcanzaron sentencia, 38 personas fueron condenadas y cuatro recibieron decisiones que ratificaron su inocencia. Entre las 28 personas naturales condenadas, 20 recibieron penas de diez o trece años de prisión. Además, las decisiones judiciales dispusieron el comiso de bienes por aproximadamente USD 40 millones, mientras las multas oscilaron entre USD 57.380 y USD 19,9 millones.
Uno de los principales problemas identificados es la limitada capacidad para reconstruir las estructuras económicas utilizadas por las organizaciones criminales. El 65% de los procesos involucró únicamente entre una y tres personas naturales, mientras apenas 12 de los 48 expedientes incluyeron personas jurídicas, pese a la utilización de empresas y entramados societarios para ocultar recursos ilícitos.
El informe señala que las investigaciones tampoco consiguen identificar sistemáticamente los delitos que originan esos recursos. En 26 procesos, equivalentes al 54,17%, no fue posible establecer el delito precedente. Entre aquellos identificados, el narcotráfico encabezó la clasificación con ocho casos, seguido de la corrupción con cinco.
Otra debilidad corresponde al origen de las investigaciones. Según los registros examinados, 31 procesos comenzaron mediante actuaciones en flagrancia, equivalentes al 64,58%. En contraste, solamente nueve surgieron de reportes de operaciones inusuales e injustificadas remitidos por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Esta distribución revela una dependencia de mecanismos reactivos frente a investigaciones financieras especializadas.
La dimensión económica del problema amplifica las preocupaciones. Según estimaciones del propio OECO, el lavado de activos en Ecuador representaría entre USD 3.910 millones y USD 6.516 millones, recursos vinculados principalmente con mercados criminales como el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción.
La investigación advierte, además, que las empresas fachada, las operaciones entre sociedades relacionadas y la adquisición de inmuebles constituyen mecanismos utilizados para introducir capitales ilícitos en la economía formal.
Frente a estos resultados, el observatorio recomienda fortalecer las investigaciones financieras paralelas, identificar beneficiarios efectivos y mejorar la aplicación de medidas cautelares patrimoniales. El objetivo, indica el estudio, es avanzar desde la persecución de responsables individuales hacia el desmantelamiento de las redes económicas que sostienen las actividades del crimen organizado en Ecuador.