La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica se prepara para elegir a su nueva presidencia en un contexto de tensiones entre el Poder Judicial y el Gobierno, cuestionamientos sobre el funcionamiento de los tribunales y preocupación por el avance del crimen organizado.
Un total de cuatro magistrados, entre ellos tres mujeres y un hombre, formalizaron sus candidaturas para asumir la máxima representación del Poder Judicial durante los próximos cuatro años, luego de que concluyera el plazo oficial de inscripción el lunes 12 de octubre de 2026.
Los aspirantes son Damaris Vargas Vásquez, magistrada de la Sala Primera y actual vicepresidenta de la Corte; Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala Tercera; Patricia Vargas González, también integrante de esa sala; y Gerardo Rubén Alfaro Vargas, magistrado de la Sala de Casación Penal.
La información fue confirmada por el Departamento de Prensa y Comunicación del Poder Judicial, que detalló que las postulaciones fueron presentadas ante la Secretaría General de la Corte antes del cierre del plazo, establecido para las 4:30 p. m. del 12 de octubre.
La elección se realizará el próximo lunes 26 de octubre, a partir de las 8:30 a. m., durante una sesión de Corte Plena en la que los candidatos deberán exponer sus propuestas y conseguir el respaldo de al menos 12 de los 22 magistrados que integran el órgano judicial.
¿Quiénes son los cuatro candidatos?
La contienda reúne a magistrados con diferentes trayectorias y prioridades para la administración de justicia, aunque tres de las cuatro candidaturas provienen de la Sala Tercera, encargada de conocer asuntos de casación penal.
Damaris Vargas Vásquez, integrante de la Sala Primera y actual vicepresidenta de la Corte Suprema, fue la última en formalizar su candidatura.
La magistrada ocupa actualmente la presidencia en ejercicio del Poder Judicial y ha manifestado su interés en fortalecer los espacios de comunicación entre las instituciones públicas.
Uno de sus principales planteamientos consiste en establecer mecanismos de diálogo con el Gobierno de la presidenta Laura Fernández, especialmente para coordinar respuestas frente a la delincuencia organizada y el narcotráfico.
Por su parte, Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala Tercera, fue una de las primeras magistradas en manifestar públicamente su intención de participar en la elección.
Solano ha defendido la necesidad de reforzar la independencia judicial y mejorar la comunicación de la institución con la ciudadanía.
Considera que el Poder Judicial ha tenido deficiencias para explicar públicamente su trabajo, lo que ha afectado la percepción ciudadana sobre el funcionamiento de la justicia.
En su carta de postulación, la magistrada señaló que asumía la candidatura “en estricto apego a los principios de independencia, integridad y respeto al Estado de derecho”.
Su eventual elección se produciría en medio de un escenario político complejo, debido a los cuestionamientos que ha recibido de figuras del oficialismo y a las diferencias públicas entre el Ejecutivo y algunos integrantes de la Sala Tercera.
La tercera aspirante es Patricia Vargas González, magistrada de la misma sala penal, quien ha identificado como prioridades la defensa de la independencia judicial, la sostenibilidad presupuestaria y la apertura de espacios de diálogo.
Vargas considera necesario escuchar distintas posiciones dentro del Poder Judicial y fortalecer los mecanismos de coordinación nacional para enfrentar la criminalidad organizada.
También ha planteado la importancia de garantizar recursos económicos suficientes para mantener la calidad del servicio judicial y responder a las necesidades de la población.
El cuarto candidato es Gerardo Rubén Alfaro Vargas, magistrado de la Sala Tercera, quien ha señalado la necesidad de modernizar la gestión institucional y atender los retrasos acumulados en los despachos judiciales.
Entre sus principales preocupaciones figura la mora judicial, especialmente los expedientes que llevan largos períodos sin resolución.
Una elección marcada por las diferencias con el Gobierno
La designación de la nueva presidencia de la Corte ocurre en un momento de diferencias públicas entre el Poder Judicial y el Gobierno de Laura Fernández, particularmente por asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, el presupuesto institucional y el funcionamiento del sistema judicial.
Las críticas hacia la administración de justicia también se produjeron durante el Gobierno del expresidente Rodrigo Chaves, quien cuestionó en distintas ocasiones las decisiones judiciales y el desempeño de algunos magistrados.
En este escenario, las posiciones de los aspirantes reflejan distintos enfoques sobre la relación que debe mantener la Presidencia de la Corte con el Poder Ejecutivo.
Orlando Aguirre decidió no buscar la reelección
El proceso electoral se abrió después de que Orlando Aguirre Gómez, magistrado de la Sala Segunda, decidiera no aspirar a un nuevo período como presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Su mandato concluyó el 26 de septiembre de 2026, luego de cuatro años al frente del Poder Judicial.
La salida de Aguirre de la presidencia abrió una nueva disputa por el liderazgo de uno de los tres poderes de la República, en momentos en que el país enfrenta desafíos vinculados con la violencia, la delincuencia organizada, los recursos destinados a la justicia y los tiempos de resolución de los procesos judiciales.
Durante las semanas previas a la inscripción definitiva también se mencionó como posible aspirante al magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, integrante de la Sala Constitucional.
No obstante, Salazar finalmente no presentó su candidatura dentro del plazo establecido, por lo que la lista oficial quedó integrada por los cuatro magistrados confirmados por el Poder Judicial.
¿Cómo se elegirá al nuevo presidente de la Corte Suprema?
El procedimiento está establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dispone que la elección de la presidencia debe realizarse mediante votación pública de los magistrados de Corte Plena.
La persona que resulte elegida ejercerá el cargo durante cuatro años, con posibilidad de reelección por períodos iguales.
El próximo 26 de octubre, los aspirantes tendrán la oportunidad de presentar sus planes de trabajo ante sus compañeros, en una sesión pública que podrá seguirse mediante las plataformas oficiales del Poder Judicial.
Posteriormente comenzarán las votaciones. Para obtener la presidencia será necesario reunir un mínimo de 12 votos, lo que equivale a la mayoría absoluta de los 22 integrantes de Corte Plena.
El calendario contempla inicialmente cinco rondas de votación. Si ninguno de los candidatos alcanza la cantidad de votos requerida, se programará una nueva jornada la semana siguiente, con otras cinco rondas.
En esa nueva etapa también podrán presentarse otras candidaturas, conforme al procedimiento establecido para la elección.
El resultado definirá quién asumirá la conducción administrativa e institucional del Poder Judicial costarricense hasta 2030, en una etapa en la que la independencia de los tribunales, el combate contra el crimen organizado y la eficiencia de los procesos judiciales figuran entre los principales desafíos de la institución.