En la región latinoamericana, el término “integración” ha sido prácticamente sinónimo de proyectos inviables, o incluso de verdaderos fracasos. Estos fracasos, a veces difíciles de explicar, tienen su origen en una razón fundamental: es imposible alcanzar un nivel de integración adecuado sin contar, previamente, con un nivel de desarrollo suficiente. La estructura sistémica que debería derivarse de la integración exige niveles de industrialización y de desarrollo científico y tecnológico que los países latinoamericanos aún no han logrado alcanzar. Las dificultades radican en problemas de diferenciación: para que la complementariedad necesaria en todo proceso de integración funcione correctamente, los países deben integrar capacidades en diversos ámbitos. A falta de capacidades diversificadas acompañadas de niveles tecnológicos elevados, las dinámicas de integración no pueden operar; del mismo modo, tampoco pueden funcionar en un contexto donde las realidades nacionales se limitan a niveles elementales. Este carácter elemental genera una precariedad que impide a los países alcanzar los grados de diferenciación requeridos para una integración sistémica, la cual exige, por definición, niveles de especialización distintos.
Por otra parte, la convergencia y la armonización de los intereses nacionales dependen del nivel de conocimientos compartidos. La insuficiencia de capacidades científicas y tecnológicas provoca una desintegración en ámbitos donde, en realidad, los niveles de conocimiento podrían reforzarse mutuamente. Lamentablemente, nuestra región adolece de graves carencias a este respecto: registra, a escala mundial, una de las cifras más bajas de patentes presentadas y uno de los índices más reducidos en materia de propiedad intelectual dentro del sector científico y tecnológico.
Un tercer aspecto fundamental reside en el hecho de que nuestras democracias no han logrado superar sus carencias ni su funcionamiento irregular. Se han visto constantemente afectadas por su propia ineficacia, por la corrupción y por excesos burocráticos que han golpeado duramente los procesos en curso, debilitando las instituciones hasta el punto de que su disfunción se ha convertido, en sí misma, en un problema mayor. En nuestra región, cuanto mejor funciona la democracia, mejores son las condiciones de acceso a los derechos y a la equidad, la seguridad y el desarrollo de los países. Existen, por supuesto, formas extremas de ausencia de democracia, como las dictaduras en Cuba, Nicaragua y Venezuela; estas constituyen los ejemplos más profundos y graves de disfunciones sistémicas. Encarnan a la perfección el fracaso de la gobernanza, traduciéndose en las crisis humanitarias, migratorias y de derechos humanos más graves que ha conocido la región —tal como ocurrió, en el pasado, con los regímenes autoritarios del Cono Sur.
Por otra parte, existe un grave error conceptual, derivado de diversas ideologías, que reduce la libertad a un bien puramente individual. Sin embargo, la libertad es, por esencia, un bien colectivo que nos permite a todos actuar de manera concertada en el seno de la sociedad, e interactuar como individuos y grupos humanos. Constituye un bien colectivo indispensable para el buen funcionamiento sistémico, y no una herramienta sujeta a una lógica puramente individual y privativa, en la que las decisiones y acciones carecerían de cualquier objetivo común. La democracia es el sistema que mejor permite el ejercicio de las libertades fundamentales; a cambio, exige condiciones propicias para la plena realización de los derechos humanos.
En este sentido, nuestros países siguen presentando carencias en materia de derechos humanos. Las formas de discriminación —basadas en el género, la raza, la orientación sexual o la religión— persisten; las sociedades latinoamericanas parecen, de manera recurrente, propensas a la discriminación. En realidad, para que un sistema funcione, debe ser capaz de garantizar el ejercicio sistémico de los derechos humanos, favoreciendo así el desarrollo y los logros de los individuos y los grupos. El fracaso del sistema cubano es un ejemplo elocuente de ello: hoy en día, cerca del 98% de la población de Cuba vive en la pobreza extrema, careciendo de agua potable, energía y una alimentación suficiente; en resumen, privada del disfrute de los derechos humanos más elementales. La gente se pregunta por qué el sistema no funciona en el plano económico, por qué el país no es productivo; esto se debe, fundamentalmente, a que cuando los individuos no tienen la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos económicos, es imposible que un sistema económico prospere.
Cabe preguntarse por qué el sistema no funciona en el plano económico; el hecho de que el país no sea productivo tiene mucho que ver con ello. Cuando los individuos no pueden ejercer plenamente sus derechos económicos, es imposible que un sistema económico prospere. Del mismo modo, si la población no puede ejercer plenamente sus derechos sociales, el sistema social no puede ser eficaz ni generar resultados positivos. Cuba ha convertido lo que no es más que un “medio problema” —el embargo— en una realidad arraigada en esta lógica, y lo ha hecho mediante sus propias acciones: persecución política, menoscabo de la soberanía popular, violación de las libertades fundamentales, crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Todos estos elementos constituyen, en sí mismos, los cimientos de su fracaso. Se habla de “medio problema” porque, dado que la economía estadounidense representa solo el 25% de la economía mundial, debería ser sencillo integrarse en el 75% restante; eso sí, siempre y cuando se produzcan bienes o servicios que resulten de interés para el mercado global.
En cuanto a los sistemas democráticos de la región —ya sean relativamente funcionales o, por el contrario, altamente disfuncionales—, todos tienen dificultades para articular políticas de derechos humanos adecuadas que sean transversales a todas las dinámicas sociales, económicas y políticas. Cuanto mejor sea la situación de los derechos humanos en un país, mejores serán las condiciones en los ámbitos de la educación, la salud, la producción económica, la seguridad y el funcionamiento del sistema político.
Por regla general, los países de la región cuentan con instituciones frágiles; intentar integrarlas con otras instituciones igualmente frágiles no hace más que perpetuar dichas debilidades. El día en que las instituciones de los países latinoamericanos sean capaces de resolver los problemas propios de su región, su integración mutua permitirá multiplicar los resultados concretos y las soluciones.
Las polarizaciones ideológicas, la transformación del adversario político en enemigo, así como las oscilaciones pendulares que caracterizan la vida política regional, constituyen también un obstáculo importante para la integración. Lamentablemente, en la actualidad no es posible una alternancia normal en el poder; por el contrario, asistimos a una sucesión permanente de procesos “fundacionales” acompañados de retrocesos institucionales duraderos. Las instituciones supranacionales han sufrido especialmente por ello.
Uno de los problemas fundamentales que enfrenta la integración reside en las desigualdades estructurales —y socialmente violentas— que afectan a nuestros países. La integración regional es imposible entre países que están, a su vez, desintegrados y caracterizados por modelos sistémicos fragmentados. No ha sido posible constituir una inteligencia colectiva, ya que las inteligencias individuales —que, sin duda, existen en la región— no logran integrarse lo suficiente como para permitir un funcionamiento sistémico adecuado. La culpa de los fracasos de la integración están más en los países que en los procesos en sí mismos, más que en el Mercosur o en el SICA o en la Comunidad Andina.
La región cuenta con diversos mecanismos subregionales que pueden servir como catalizadores técnicos para la gobernanza y fortalecer las capacidades de elaboración de estrategias. Compartimos un idioma (el español y el portugués son lo suficientemente cercanos como para funcionar, a escala regional, como un conjunto único), así como un profundo legado social e histórico común; sin embargo, nada de esto dará frutos si no resolvemos los problemas mencionados anteriormente.
Luis Almagro / Instituto CASLA