Ciudades y estados de Estados Unidos avanzan con leyes propias para frenar o condicionar la circulación de robotaxis, los autos sin conductor que operan empresas como Waymo, Zoox y Tesla, ante la falta de una regulación federal que ordene al sector.
Un freno que llega desde lo local
El Congreso de Estados Unidos no logró aprobar una ley nacional que fije reglas de seguridad para los vehículos autónomos, según describió el medio especializado The Verge. Esa parálisis dejó en manos de concejos municipales y legislaturas estatales la tarea de definir qué pueden y qué no pueden hacer estos autos en sus calles.
El resultado es un mosaico de normas distintas según la ciudad, algo que la propia industria de los vehículos autónomos buscaba evitar. Las municipalidades no tienen autoridad sobre los estándares de fabricación de los autos, pero sí sobre el uso de sus calles, y ahí concentraron su respuesta.
En Minneapolis, el Concejo Municipal avanza con una ordenanza que exigiría un monitor humano pago dentro de cada vehículo autónomo, una medida que en los hechos equivaldría a prohibir la operación sin conductor.
La concejala Robin Wonsley, autora del proyecto, dijo que la ciudad “no va a desplegar la alfombra roja para que las grandes tecnológicas saqueen nuestra economía y desplacen a nuestros trabajadores”, según publicó el medio Minnesota Reformer.
Bomberos, aeropuertos y pujas políticas
En San Diego, el Concejo Municipal aprobó una resolución que busca prohibir que Waymo opere en el aeropuerto internacional de la ciudad y que le otorga a las agencias locales control directo sobre los vehículos autónomos en situaciones de emergencia.
El concejal Sean Elo-Rivera, impulsor de la medida, sostuvo que “los conductores locales y los pequeños comercios cumplen regla tras regla para ganarse la vida acá”, según reportó la cadena NBC San Diego.
En Austin, los bomberos expresaron preocupación por los Cybercab de Tesla, que no tienen volante ni pedales. El cuerpo de bomberos pide que los fabricantes de vehículos autónomos establezcan protocolos de remolque de respuesta rápida y canales directos de comunicación con operadores humanos para emergencias, de acuerdo con lo relevado por The Verge.
La disputa también llegó a Washington D.C., donde el concejal Charles Allen impulsa un proyecto que limitaría a doscientos vehículos la flota de cada operador y postergaría hasta 2028 el inicio del servicio comercial, además de cobrar una tarifa por milla recorrida para financiar al subterráneo local y compensar a choferes de aplicaciones de transporte.
La futura alcaldesa Janeese Lewis George se opuso públicamente: “Washington enfrenta una crisis de empleo. Apurar la legalización de los vehículos autónomos es irresponsable”, escribió en la red social X, según citó Axios. Allen respondió que “seguimos negociando” y que espera una votación en su comisión antes de fin de noviembre.
Una grieta que no sigue el mapa político tradicional
El fenómeno desarma la lógica política habitual: durante años se asumió que los republicanos eran más receptivos a los autos autónomos y los demócratas más escépticos, pero ciudades gobernadas por demócratas como Nueva York, Chicago y Washington todavía no legalizaron la circulación de autos sin conductor, según el relevamiento de The Verge.
Nevada fue el primer estado en permitir la circulación de autos autónomos en la vía pública, en junio de 2011, varios años antes de que esa tecnología estuviera realmente disponible.
15 años después, varias de esas mismas jurisdicciones que recibieron a los autos autónomos con entusiasmo vuelven a sentarse a redactar leyes para contenerlos.
Waymo, que opera más de 500.000 viajes semanales en 15 ciudades de Estados Unidos sin exigir monitores humanos, calificó a la propuesta de Minneapolis como “una prohíbición de hecho” a los vehículos autónomos, según declaró a Axios Adam Lane, gerente de políticas estatales y locales de la empresa.
El próximo hito concreto llegará en Washington D.C., donde Allen espera cerrar la votación en su comisión antes de Acción de Gracias, lo que habilitaría un voto del pleno del Concejo en diciembre.
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