El Gobierno de Bolivia anunció el miércoles un proyecto de ley para autorizar la participación “excepcional” de las Fuerzas Armadas en operaciones contra el crimen organizado, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta estatal frente a amenazas vinculadas con el narcotráfico. El presidente Rodrigo Paz, los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Economía, Christian Morales, además de jefes militares, informaron la decisión tras una reunión del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep).
Justiniano explicó que el encuentro aprobó cuatro normas. Una de ellas prevé la intervención militar ante amenazas “graves” relacionadas con el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo. “Esta participación será excepcional, temporal, complementaria y controlada dentro del marco constitucional”, afirmó el funcionario.
El ministro de Defensa subrayó que el paquete normativo busca dotar al Estado de una mayor capacidad frente a “amenazas complejas”, bajo reglas claras y con respeto a la institucionalidad. Los cuatro proyectos pasarán primero por la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales (Udape) y luego serán remitidos a la Asamblea Legislativa para su tratamiento.
Paz sostuvo que el crimen organizado tiene un alcance “transversal” y vinculó a Bolivia con el Escudo de las Américas, una coalición impulsada por el Gobierno de Donald Trump para promover la cooperación regional. “(Una) colaboración equilibrada, equitativa sobre este crimen organizado que está entrando a las instituciones y que tiene la capacidad de doblegar la norma”, indicó el mandatario.
El jefe de Estado también aludió a la detención y posterior encarcelamiento del ex fiscal general Roger Mariaca, acusado de presuntamente liderar una organización de protección al “narcoterrorismo”.
El Gobierno puso en marcha el Cosdep a mediados de septiembre con el propósito de avanzar en una ley que permita identificar amenazas y combatir el narcoterrorismo y el crimen organizado. El organismo, bajo la órbita del Ministerio de Defensa, es la máxima instancia estatal de asesoramiento, consulta y planificación en seguridad, defensa integral y desarrollo.
En este marco, el recientemente nombrado fiscal general interino de Bolivia, José Armando Urioste, anunció el martes que una comisión del Escudo de las Américas viajará al país para colaborar con la reforma de la Fiscalía y aportar respaldo técnico a las investigaciones abiertas tras la detención de Mariaca.
Urioste señaló que la cooperación también incluirá especialistas del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Forenses, a través de acuerdos con el Estado boliviano. Los expertos externos revisarán los procesos en curso en medio de la crisis institucional que atraviesa el Ministerio Público.
“De repente nos critiquen porque estamos utilizando esta transparencia tan grande de permitir que entre gente a cooperarnos, pero creo que es en este momento una necesidad, necesitamos una consulta externa”, afirmó el fiscal interino durante su primera conferencia de prensa en Sucre.
Urioste, elegido en la madrugada del sábado, sostuvo que su gestión buscará recuperar la institucionalidad de la Fiscalía. “Hemos caído a lo más profundo de la corrupción que puede tener un Estado de Derecho, una institución del Estado ha sido perforada por el crimen organizado”, manifestó.
El 1 de octubre, las autoridades aprehendieron al entonces fiscal general del Estado y a los fiscales regionales Martín Irusta y Alberto Zeballos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El Gobierno de Rodrigo Paz los acusa de integrar una “organización criminal” dentro del Ministerio Público para “incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”. Dos días antes de los arrestos, Estados Unidos revocó las visas de los tres funcionarios, a quienes incluyó en una lista de ciudadanos bolivianos con presuntos vínculos con el crimen organizado.
Las detenciones ocurrieron una semana después del encuentro entre el presidente Rodrigo Paz y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante las reuniones previas a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
(Con información de EFE)