Con mucha violencia y risas de por medio, un video subido a las redes sociales por tres adolescentes que mostró cómo torturaron y mataron a un gato desató la indignación de los vecinos de la localidad entrerriana de General Ramírez.
Las imágenes que mostraron la extrema brutalidad de otro caso de maltrato animal se replicaron entre los vecinos de la zona, quienes finalmente lo compartieron con la organización protectora de animales “Amigos de los Perros”. Fueron ellos los encargados de realizar la denuncia ante la Fiscalía y están a la espera de las medidas para avanzar contra los tres jóvenes menores de edad.
De acuerdo a lo que muestra el video, el cual es extremadamente sensible para publicar, el animal era un gato negro y se puede ver a los adolescentes que comienzan a agarrarlo de la cola para golpearlo contra el suelo. Seguido a esto, le pegan con una gomera y continuamente le dan patadas en la cabeza.
Una de las partes más siniestras es cuando uno de los chicos intenta “acariciarlo” para que otro le termine pegando nuevamente con su pie en la cabeza y le dé uno de los golpes mortales al animal que estaba agonizando.
Este mismo material llegó a la organización y decidió publicarlo en su página para intentar identificar a los responsables. “Con la ayuda de la gente podemos reconocerlos, podemos saber quiénes son”, explicó Sabrina Devolder, referente de la agrupación, en diálogo con Infobae.
Según describió Devolder, son en total tres registros audiovisuales, aunque la organización solo hizo público uno de ellos. En los videos se observa al felino siendo golpeado, arrastrado, levantado de la cola y azotado. En otro tramo de la secuencia, los jóvenes habrían incitado a perros para que atacaran al animal. Las imágenes, según indicó la referente, habrían sido compartidas por los propios involucrados a través de redes sociales y grupos vinculados a una institución escolar.
Tras identificar a los adolescentes con la colaboración de vecinos, la organización se puso en contacto con sus familias y luego radicó la denuncia en la comisaría de General Ramírez, que deberá elevarla a la Fiscalía de Diamante, la ciudad cabecera del departamento al que pertenece la localidad. “Los menores fueron identificados, se notificó a la familia y luego hicimos la denuncia correspondiente”, señaló Devolder. El principal elemento incorporado como prueba es el propio registro audiovisual de los hechos.
Debido a que los implicados serían menores de edad, su situación deberá ser evaluada dentro del régimen legal correspondiente. Será la Fiscalía la que determine cómo avanza la investigación y qué medidas adoptar a partir del material aportado.
El marco normativo aplicable es la Ley 14.346 que establece penas de prisión de 15 días a un año para quienes inflijan malos tratos o actos de crueldad a animales. La norma define como acto de crueldad, entre otros, “lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad”, descripción que se ajusta a las conductas registradas en los videos. No obstante, al tratarse de menores, la eventual aplicación de esa legislación quedará sujeta al régimen de responsabilidad penal juvenil vigente.
La reacción de las familias no fue uniforme. Devolder relató que algunas minimizaron lo ocurrido y lo atribuyeron a “cosas de jóvenes”, mientras que otras expresaron consternación ante la gravedad del episodio. “Es un hecho muy lamentable porque estamos hablando de tres jóvenes que torturan a un animal mediante risas, bromas, como que fuese algo normal. Eso es realmente preocupante”, afirmó la referente.
El caso se produce en un contexto de maltrato animal que, según Devolder, viene escalando en la localidad desde hace al menos tres meses. La organización registró durante ese período varios episodios similares, entre ellos uno en el que un perro terminó muerto. La referente también mencionó que reciben reportes frecuentes sobre ataques a aves con gomeras en la zona. Luego de que el video se difundiera, nuevos vecinos se comunicaron con el grupo para mencionar otros supuestos episodios, aunque la organización aclaró que esos señalamientos son testimonios de particulares y no implican que los hechos hayan sido comprobados judicialmente.
Frente a ese historial, Devolder cuestionó a las autoridades municipales. Indicó que, salvo en el caso ocurrido hace tres meses, cuando el municipio se puso en contacto con la Fiscalía, el gobierno local nunca se articuló directamente con la organización. “Somos los que encaramos las causas, los que ponemos la cara y los que vamos al frente en cuanto a denuncias”, sostuvo. La agrupación anunció que realizará un seguimiento de la causa con el objetivo de que derive en una resolución concreta por parte de la Fiscalía de Diamante.