La Argentina rechazó que el Reino Unido califique como un intento de “socavar” derechos su decisión de recurrir al arbitraje internacional bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), y defendió ante la comunidad internacional el uso de los mecanismos legales previstos en el tratado para proteger sus derechos soberanos sobre los recursos naturales en disputa en torno a las Islas Malvinas.
A través de un comunicado, difundido este jueves, la Cancillería respondió a los cuestionamientos del gobierno británico que cuestionaron la legitimidad del proceso arbitral impulsado por Buenos Aires, en el marco del conflicto por el proyecto de extracción petrolera Sea Lion, en la Cuenca Norte de las Malvinas, descontento que la subsecretaria parlamentaria Uma Kumaran le trasladó a la embajadora argentina Mariana Plaza.
Según el gobierno argentino, someter una controversia a un tribunal internacional imparcial “es el acto más responsable que puede realizar un Estado”, y que los países comprometidos con el estado de derecho resuelven sus diferencias “no mediante acciones unilaterales, sino ante jueces que aplican el derecho que ambas partes han aceptado libremente”.
Ambos países son Estados partes en la CONVEMAR. Al ratificarla, la Cancillería recordó, ambos asumieron las obligaciones establecidas en la Parte XV de la Convención, que regula los mecanismos de solución de controversias. Bajo esa norma, cuando las preferencias de foro de las partes no coinciden —Argentina eligió el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) con sede en Hamburgo y el Reino Unido optó por la Corte Internacional de Justicia— el caso se dirige, por defecto, a un tribunal arbitral de cinco miembros conforme al Anexo VII del tratado.
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