Las autoridades de Costa Rica tienen previsto extraditar este viernes 16 de octubre a tres ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa, quienes son requeridos por la justicia de Estados Unidos por su supuesta participación en una conspiración para poseer cocaína e introducirla en territorio estadounidense.
Los extranjeros, identificados con los apellidos Espinoza Hernández, Campos Barragán y Vidrio López, permanecen detenidos desde abril de 2025, cuando fueron interceptados a bordo de una embarcación que transportaba aproximadamente 840 kilogramos de aparente cocaína frente a las costas de Quepos, en el Pacífico costarricense.
La entrega fue anunciada este jueves 15 de octubre por las autoridades judiciales costarricenses, que confirmaron la finalización de las principales etapas del proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.
Los tres mexicanos son requeridos por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Wisconsin, donde deberán enfrentar el procedimiento judicial correspondiente por el presunto delito de conspiración para poseer cocaína e introducirla al país norteamericano.
La operación es resultado de un proceso de cooperación internacional en el que participaron el Ministerio Público costarricense, autoridades estadounidenses y la Administración para el Control de Drogas (DEA).
También estuvieron involucradas la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Fuerza Pública, instituciones que participaron en las actuaciones relacionadas con el caso.
Estados Unidos solicitó la extradición una semana después de las capturas
El proceso para trasladar a los tres mexicanos a territorio estadounidense comenzó formalmente el 22 de abril de 2025, apenas siete días después de su detención frente a las costas de Quepos.
Después de varios meses de trámites judiciales en Costa Rica, la extradición fue autorizada el 24 de febrero de 2026.
Sin embargo, el procedimiento no pudo ejecutarse inmediatamente debido a que los abogados defensores de los imputados presentaron una apelación contra la decisión.
El recurso fue analizado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, que resolvió el caso en junio de 2026, dejando en firme la autorización para extraditar a los tres ciudadanos mexicanos.
Con esa resolución se despejó uno de los principales obstáculos judiciales para concretar su entrega a las autoridades estadounidenses.
Fiscalía busca suspender el proceso penal abierto en Costa Rica
La extradición también tiene implicaciones para el expediente judicial que permanece abierto contra los tres extranjeros en territorio costarricense.
Según informó el Ministerio Público, la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada realizó gestiones para agilizar la entrega de los sospechosos, con el objetivo de solicitar la suspensión de la acción penal que se sigue en el país.
Esta solicitud permitirá abordar la situación del expediente nacional mientras los tres hombres enfrentan el proceso requerido por la justicia estadounidense.
No obstante, la eventual suspensión de la acción penal en Costa Rica no equivale a una absolución ni implica que se haya determinado la inocencia de los investigados.
La medida deberá tramitarse conforme a las disposiciones legales y las resoluciones de las autoridades judiciales competentes.
La cooperación con la DEA permitió concretar el procedimiento
El Ministerio Público destacó la importancia de la cooperación internacional en las investigaciones relacionadas con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
En este caso, las gestiones involucraron a autoridades judiciales y policiales de Costa Rica y Estados Unidos, mediante mecanismos de coordinación destinados a facilitar el intercambio de información y la ejecución de las solicitudes de extradición.
La DEA, junto con la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública, participó en las actuaciones relacionadas con el caso.
La coordinación resulta especialmente relevante en investigaciones sobre narcotráfico transnacional, en las que las conductas investigadas pueden involucrar rutas de transporte, personas y operaciones que atraviesan distintas jurisdicciones.
Las autoridades costarricenses señalaron que el intercambio de información y el trabajo conjunto entre instituciones son herramientas fundamentales para fortalecer la persecución penal de estas organizaciones.