La Asamblea Legislativa de Costa Rica volvió a aplazar este martes la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, después de que una mayoría de diputados aprobara devolver a la Comisión de Nombramientos la nómina vigente de candidatos.
La moción fue presentada por el diputado oficialista José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), y recibió 27 votos a favor y 23 en contra. El planteamiento consiste en que la comisión revise nuevamente la lista y determine cuáles de las personas incluidas mantienen interés en ocupar una de las plazas de magistratura suplente.
Actualmente, la nómina está integrada por 18 aspirantes, aunque inicialmente había sido remitida para cubrir las suplencias pendientes de la Sala IV. El oficialismo sostiene que la lista debe completarse hasta alcanzar 24 candidaturas para poder escoger a 12 magistrados suplentes, mientras que las fracciones opositoras han cuestionado que esa interpretación sea utilizada para seguir postergando los nombramientos.
Villalobos señaló que la bancada oficialista no respaldará las designaciones mientras no cuente con la nómina completa y defendió la necesidad de verificar si los aspirantes presentados hace cerca de un año todavía desean continuar en el proceso.
La decisión de este martes agrega un nuevo episodio a un proceso que se arrastra desde el período legislativo anterior y que ya acumula múltiples rondas de votación sin que el Congreso logre completar los nombramientos.
Un proceso marcado por 11 rondas fallidas
La elección comenzó con una lista de 18 aspirantes y atravesó inicialmente seis rondas de votación sin que ninguno alcanzara los 38 votos requeridos. Posteriormente se realizaron otras cinco rondas, para un total de 11 votaciones sin resultado.
La sesión de este martes estaba prevista precisamente para retomar el proceso y efectuar la ronda número 12, luego de que las jefaturas de fracción acordaran dedicar una sesión extraordinaria al expediente relacionado con la elección de nueve magistrados suplentes.
Sin embargo, antes de avanzar con los nombramientos, la mayoría aprobó la moción para regresar el expediente a la Comisión de Nombramientos.
El tema ha generado una prolongada confrontación entre el PPSO y las bancadas de oposición. Durante varias rondas anteriores, los diputados oficialistas optaron por votar en blanco y también impulsaron devoluciones de la lista a la Corte Suprema de Justicia.
En junio, por ejemplo, el Plenario aprobó devolver la nómina de 18 candidatos y solicitar una nueva lista. La Corte Plena, sin embargo, decidió reenviar la misma nómina sin modificaciones, tras considerar que no existían razones objetivas suficientes para sustituirla.
Sala IV había anulado la devolución de la lista
El conflicto llegó posteriormente a la propia Sala Constitucional.
El 30 de julio, el tribunal resolvió por mayoría un recurso de amparo y dejó sin efecto los acuerdos legislativos utilizados para devolver la nómina a la Corte Suprema de Justicia. Además, ordenó que la lista fuera conocida por el Plenario en la siguiente oportunidad posible.
La sentencia también prorrogó de manera provisional los nombramientos de los magistrados suplentes cuyo período había vencido en diciembre de 2025, mientras la Asamblea Legislativa completa las nuevas designaciones.
La medida respondió a las dificultades que estaba enfrentando el tribunal para integrarse en determinados expedientes cuando magistrados propietarios debían inhibirse o ausentarse.
Al notificarse integralmente la sentencia en septiembre, los suplentes quedaron habilitados para atender 142 asuntos pendientes que no habían podido resolverse por problemas de integración del tribunal.
La resolución también estableció un mecanismo para impedir que los votos blancos o nulos sean utilizados para bloquear indefinidamente el nombramiento. Según la interpretación incorporada al fallo, esos votos deben sumarse al aspirante que obtenga la mayor cantidad de apoyos en cada ronda, conforme al procedimiento legislativo aplicable.
Oposición anuncia nueva gestión ante la Sala IV
La decisión tomada este martes generó una reacción inmediata de las fracciones de oposición.
Diputados de Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) anunciaron que presentarán una gestión ante la Sala Constitucional al considerar que el oficialismo está incumpliendo el fallo que ordenó continuar con la elección.
Desde esas bancadas se cuestiona que la devolución a comisión termine produciendo un efecto similar al de las anteriores devoluciones a la Corte, que ya fueron invalidadas por el tribunal constitucional.
El oficialismo, por su parte, defiende que la situación es distinta porque la nómina no fue enviada nuevamente al Poder Judicial, sino remitida a una comisión interna del Congreso para revisar su vigencia y completar el procedimiento.
La nueva devolución mantiene así abierto un conflicto institucional que involucra a la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional, y que todavía no tiene una fecha definitiva para concluir con la elección de las magistraturas pendientes.
Por ahora, la nómina regresará a la Comisión de Nombramientos, mientras continúan las diferencias sobre si el Congreso debe votar inmediatamente con la lista disponible o esperar a que el proceso incluya a la totalidad de aspirantes que reclama el oficialismo.