El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, reclamó al Gobierno que reasigne parte de los recursos previstos en el Presupuesto 2027 para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El planteo se centró en los fondos destinados a la “Jurisdicción 91”, la mayor partida del proyecto, con más de $14 billones, pese a que no cuenta con edificio ni empleados. El dirigente universitario publicó su reclamo en la red social X. Allí afirmó que el proyecto oficial contiene los $3 billones necesarios para aplicar la norma en su totalidad y sostuvo que la falta de ejecución responde a una decisión política. “El Gobierno tiene en el Presupuesto 2027 los $3 billones necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en su totalidad. Queda claro que no aplicar la ley es una decisión política”, escribió Yacobitti. El referente de la UBA también cuestionó la decisión de apelar el fallo de primera instancia vinculado con la ley y pidió que el Poder Ejecutivo use partidas ya contempladas en el proyecto presupuestario del próximo año para atender la situación que atraviesa el sistema universitario. Según expresó, esos recursos pueden salir de la “Jurisdicción 91″, denominada “Obligaciones a cargo del Tesoro”, y del “Programa 99″, “Otras Asistencias Financieras”. En su publicación, indicó que esas líneas prevén $14,8 billones y $7,7 billones, respectivamente. “Sería muy importante que, en lugar de apelar el fallo de primera instancia, el Gobierno utilice los fondos de la Jurisdicción 91 – Programa 99 ‘Otras Asistencias Financieras’, previstos en $14,8 billones y $7,7 billones respectivamente, para resolver la situación crítica que atraviesa el sistema universitario”, señaló.“Jurisdicción 91″ La Jurisdicción 91 aparece en las planillas del Presupuesto 2027 bajo el nombre Obligaciones a cargo del Tesoro. Se trata de una estructura presupuestaria que depende de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Carlos Guberman. La partida llamó la atención por la magnitud de los recursos que concentra. En el proyecto de Presupuesto 2027, el Gobierno le asignó $14,8 billones, aunque no cuenta con sede propia, personal ni una autoridad política equivalente a un ministro. Su funcionamiento responde a una lógica distinta a la de un ministerio o una secretaría. La “Jurisdicción 91″ concentra créditos que luego pueden financiar gastos de otros organismos del Estado nacional, bajo control de la Secretaría de Hacienda. La estructura funciona como un mecanismo para que esta cartera conserve la administración directa sobre determinados recursos y pueda asignar fondos a necesidades que surgen durante la ejecución anual del presupuesto. El economista jefe de Empiria, Nicolás Gadano, analizó las planillas del Presupuesto 2027 y puso el foco en la evolución de los recursos previstos para Obligaciones a cargo del Tesoro. Según su revisión, los gastos de esa jurisdicción suben 163% frente a la proyección de ejecución para 2026. Ese aumento contrasta con la pauta de inflación que el Gobierno estimó para 2027, que alcanza el 18 por ciento. Con los $14,8 billones previstos, Obligaciones a cargo del Tesoro se ubica como la tercera partida de mayor volumen dentro del Presupuesto, si se dejan de lado los servicios de la deuda pública y los servicios sociales.Cómo se maneja Cerca de la mitad de los recursos de la “Jurisdicción 91″ corresponde a transferencias destinadas a cubrir déficits de empresas públicas. Entre las compañías que figuran dentro de ese esquema aparecen Ferrocarriles, Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), EducAr y Correo Argentino. Cada una de esas entidades se vincula con una cartera o un área específica de la administración pública. Ferrocarriles se relaciona con Transporte; Enarsa, con Energía; y EducAr, con Educación. Sin embargo, los créditos no quedan necesariamente registrados en las reparticiones que siguen de cerca la actividad de esas empresas. Hacienda conserva esos recursos dentro de la “Jurisdicción 91″ para controlar su asignación y su uso durante el año. El mecanismo permite reservar fondos para transferencias que el Estado nacional debe afrontar, aunque las empresas se relacionen con sectores distintos de la administración. Una fuente consultada bajo reserva explicó a Infobae que la herramienta no surgió durante la actual gestión. La Jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro existe desde la década de 1990 y se creó para que Hacienda retuviera el control de gastos que el Estado debía cubrir. Según esa explicación, el sistema permitió dejar determinados créditos fuera de la administración directa de cada ministerio. El objetivo fue evitar que los recursos destinados a compromisos puntuales se reorienten hacia otras necesidades de cada cartera. La fuente ilustró ese criterio con una eventual asistencia al Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Si los fondos para esa cobertura quedan asignados al Ministerio de Salud, este puede redistribuirlos durante el ejercicio presupuestario dentro de sus propias facultades de ejecución. En cambio, si Hacienda conserva ese crédito en la Jurisdicción 91, puede mantenerlo reservado hasta el momento de asignarlo al destino previsto. El mismo criterio se aplica a transferencias vinculadas con empresas públicas y otras obligaciones que requieren financiamiento estatal.Otras Asistencias Financieras La otra parte relevante de la Jurisdicción 91 se asigna al programa “Otras Asistencias Financieras”. En el Presupuesto se le destinan cerca de $7,7 billones. Gadano identificó ese programa como uno de los componentes con una definición menos específica dentro de las planillas de gastos. De los recursos asignados, $1,5 billones figuran bajo gastos en personal y cerca de $6 billones aparecen como transferencias al sector privado. La inclusión de gastos en personal dentro de una jurisdicción sin trabajadores responde a la función de reserva de esos fondos. Los créditos salariales reciben una atención particular porque los organismos estatales deben garantizar el pago de los sueldos de su planta. Cuando una repartición enfrenta falta de recursos para cubrir remuneraciones, Hacienda puede reforzar la partida con dinero concentrado en la Jurisdicción 91. Los $1,5 billones registrados en gastos de personal dentro de Otras Asistencias Financieras quedan disponibles para ese tipo de asistencia. El Gobierno pretende tratar en octubre el proyecto de presupuesto 2027 en el Congreso. El reclamo de Yacobitti se concentró en esa capacidad de reasignación. El vicerrector sostuvo que los recursos previstos en el Presupuesto 2027 alcanzan para cubrir los $3 billones que, según planteó, requiere el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.
La publicación ubicó a la “Jurisdicción 91″ como las partidas desde las cuales el Gobierno podría disponer fondos para las universidades. El pedido se produjo mientras el Ejecutivo mantiene su decisión de apelar el fallo de primera instancia.