La dominicana Jennifer González, de 43 años, fue acusada el miércoles de dirigir en Massachusetts una red que habría organizado hasta 20 matrimonios simulados para que inmigrantes obtuvieran estatus legal en Estados Unidos, a cambio de pagos de entre USD 38,000 y USD 40,000 por enlace. Según información de Associated Press
La operación habría funcionado durante una década y generado millones de dólares para media docena de personas, según la acusación federal. Cinco de los seis imputados fueron arrestados el miércoles por la mañana y debían comparecer ante un tribunal federal en las horas siguientes.
El sexto acusado ya se encontraba en una prisión estatal, donde cumple una condena por un delito vinculado a armas de fuego. Ninguno de los inmigrantes que contrajo matrimonio mediante el presunto esquema fue acusado.
Pagos por matrimonios y acusaciones por fraude
Associated Press reveló que las autoridades sostienen que González pagó a las otras cinco personas para participar como cónyuges en las ceremonias, y que varios de ellos intervinieron en más de un matrimonio. Las imágenes mostraban anillos de boda, novias sonrientes y novios vestidos formalmente, con apariencia de enlaces legítimos.
Los seis acusados enfrentan cargos por albergar a extranjeros en situación irregular, conspiración para hacerlo, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial. La investigación federal sigue abierta.
La fiscal federal Leah Foley afirmó que el caso perjudica a quienes siguen los procedimientos migratorios legales: “La presunta conducta revelada aquí hoy debe ser una afrenta para quienes cumplen las reglas”.
“Ver un negocio con fines de lucro cuyo único propósito es ayudar a la gente a hacer trampa y saltarse la fila simplemente pagando por ello debe resultar muy ofensivo y desalentador para quienes cumplen las leyes de nuestro país”, agregó la fiscal.
González, ciudadana estadounidense y originaria de Fall River, habría utilizado las ganancias de la red para adquirir empresas y bienes inmuebles en República Dominicana. “La señora González se enriqueció vendiendo el Sueño Americano mientras invertía su dinero en otro país”, sostuvo Foley.
No fue posible contactar a un abogado de González para conocer su posición frente a las acusaciones.
Beneficios sociales y antecedentes de otras redes
Los fiscales también señalaron que algunos imputados habrían mentido en solicitudes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido por sus siglas en inglés como SNAP, al declarar falsamente que nunca habían estado casados. González está acusada además de gastar USD 120,000 recibidos a través de ese programa.
El expediente incorpora acusaciones por fraude de vivienda y de desempleo. Los arrestos ocurren mientras el gobierno del presidente Donald Trump incrementa las restricciones tanto a la inmigración legal como a la irregular y reduce las vías para ingresar al país u obtener la ciudadanía.
En agosto, 11 personas fueron acusadas de participar en otro plan multimillonario destinado a ayudar a cientos de ciudadanos chinos a obtener de forma fraudulenta tarjetas de residencia permanente mediante matrimonios simulados con ciudadanos estadounidenses. En ese caso, los participantes estadounidenses recibían hasta USD 30,000 por contraer matrimonio con inmigrantes que buscaban la residencia legal.
Ese esquema también se extendió durante una década y produjo decenas de millones de dólares. Hace tres años, Massachusetts procesó otra organización similar dirigida por Marcialito Biol Benitez, un ciudadano filipino de 49 años que vivía en Los Ángeles. Informó Associated Press
Benitez se declaró culpable de conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude de documentos migratorios. Admitió que operaba una agencia a gran escala que coordinaba matrimonios entre ciudadanos extranjeros y estadounidenses.
John Soares, subagente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Nueva Inglaterra, sostuvo que estas prácticas afectan a quienes buscan regularizar su situación de manera legítima: “El fraude matrimonial socava los procesos que garantizan que personas honestas y respetuosas de la ley puedan casarse con ciudadanos de Estados Unidos y disfrutar de todo lo que Estados Unidos tiene para ofrecerles”.
“Los estafadores, como las personas arrestadas hoy, hacen que ese proceso sea más difícil”, concluyó Soares.