La jueza federal Loretta Preska puso punto final a su intervención en el juicio por la estatización de YPF con una resolución que deja sin efecto su propia sentencia de 2023 a favor de los demandantes y cierra formalmente el expediente en primera instancia en Nueva York. Ahora, la Corte Suprema de Estados Unidos deberá definir si toma el caso tras el recurso presentado por Burford Capital para que se revise el fallo. La magistrada acató el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que en marzo pasado revocó la condena contra Argentina por más de USD 16.000 millones.
La orden de Preska incorporó al expediente las consecuencias del fallo favorable al Estado argentino, dictado por los jueces Denny Chin y Beth Robinson —con la disidencia de José Cabranes— el 27 de marzo. Los magistrados de segunda instancia entendieron que la jueza de Prezka había interpretado de manera errónea el derecho argentino al dictar su sentencia original.
Según explicaron fuentes de la Procuración del Tesoro a Infobae, se trata de un plazo procesal que el Gobierno esperaba. “Sería la finalización de la instancia, algo meramente procesal, porque el fallo ya se revirtió en la Cámara de Apelaciones. Había cierta demora en la llegada de este documento”, dijeron y aclararon que, de igual forma, esto no finaliza la causa judicial, puesto que la Corte Suprema de Estados Unidos deberá analizar si hace lugar al pedido de Burford Capital, presentado a principios de octubre, de revisar el fallo.
Cronología del caso
El caso comenzó con la expropiación de la petrolera durante el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. Los fondos Petersen Energía, Petersen Energía Inversora —vinculados a la familia Eskenazi— y Eton Park demandaron a la República Argentina por considerar que la expropiación violó el estatuto de YPF al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios. El fondo de litigios Burford Capital financia el caso y adiquirió los derechos de los exaccionistas.
En 2023, Preska emitió una sentencia que condenó a Argentina a pagar más de USD 16.100 millones, un monto que con intereses llegó a superar los USD 18.000 millones. La cifra representaba la mayor condena judicial contra un país en la historia de los tribunales estadounidenses.
Sin emargo, en mayo de este año, el fallo de la Cámara de Apelaciones determinó que la ley argentina de expropiación prohíbe las demandas de terceros que interfieran con un proceso expropiatorio. Además, estableció que los estatutos de una sociedad no constituyen un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos de daños como los que plantearon los demandantes.
En junio, el plenario del Segundo Circuito —instancia conocida como en banc— rechazó un pedido de Burford Capital para revisar la decisión, lo que dejó como única vía disponible en Estados Unidos una apelación ante la Corte Suprema.
En esa petición, los demandantes definieron la decisión del Segundo Circuito como “gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”, según informó Bloomberg. Sostienen que el tribunal de alzada se apartó de precedentes de la Corte al dar preeminencia a una interpretación del derecho argentino y a una decisión de tribunales locales.
Fuentes oficiales consultadas por Infobae señalaron que la presentación no obliga a la Corte Suprema de Estados Unidos a tratar el expediente. El recurso de certiorari es el mecanismo mediante el cual las partes solicitan la intervención del tribunal, pero son los jueces quienes deciden si aceptan o rechazan la revisión.
La Corte recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones por período de sesiones y suele conceder la revisión de alrededor de 80 casos, explicaron las fuentes. Tampoco existe un plazo fijado para resolver este tipo de pedidos. La complejidad y los antecedentes del litigio dificultan, según indicaron, establecer una estimación sobre cuándo podría conocerse una decisión.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación afirmaron que anticipaban este escenario desde el fallo de marzo y que ya trabajan en la estrategia de defensa. “Vamos a seguir ejerciendo la defensa de los intereses del Estado”, indicaron fuentes oficiales.
En paralelo, Burford también inició acciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.