Una resolución de una comisión independiente sobre presuntos incumplimientos financieros del Manchester City podría llevar a que autoridades ajenas al fútbol analicen el caso. Según publicó The Sun, no hay cargos penales anunciados contra directivos del club, aunque eventuales irregularidades contables, si fueran investigadas y probadas ante la Justicia, podrían tener consecuencias bajo la legislación del Reino Unido.
El City rechaza las acusaciones incluidas en el caso y asegura que confía en que su postura será respaldada. La información publicada no atribuye conducta indebida a Khaldoon Al Mubarak, presidente del club, ni a Ferran Soriano, director ejecutivo.
El dictamen cuestiona ingresos comerciales, contratos paralelos y pagos por derechos de imagen vinculados al club
De acuerdo con The Sun, la comisión concluyó que el club habría presentado como ingresos comerciales fondos procedentes de sus propietarios de Abu Dabi durante nueve temporadas. Dichos recursos alcanzan una cifra estimada en más de USD 1.063 millones y sostiene que la documentación completa del dictamen incluye anexos sobre la información conocida dentro de la estructura del City Football Group.
El expediente deportivo y una eventual investigación judicial transitarían vías diferentes. La comisión creada para analizar el cumplimiento de las normas de la Premier League no tiene competencia para imponer penas de prisión ni para determinar delitos fiscales. Su función se limita a resolver las acusaciones formuladas dentro de la competición.
Por eso, una consecuencia penal requeriría que la Policía, los reguladores financieros o HM Revenue & Customs (HMRC) abrieran su propia investigación. Hasta que eso ocurra, las referencias a posibles delitos son escenarios derivados de la resolución, no decisiones de tribunales británicos.
La comisión cuestionó contratos complementarios e ingresos por derechos de imagen pagados a jugadores mediante una empresa denominada Fordham. Según la interpretación recogida por el diario británico, esos pagos habrían funcionado como remuneraciones sujetas a impuestos y aportes a la seguridad social, un aspecto que podría interesar a la autoridad tributaria británica, HM Revenue & Customs (HMRC).
La legislación británica prevé penas de hasta diez años de prisión por fraude
La eventual derivación penal dependería de que organismos competentes inicien sus propias actuaciones y reúnan pruebas. The Sun cita la sección 501 de la Ley de Sociedades de 2006, que castiga las declaraciones engañosas, falsas o decepcionantes dirigidas a auditores con penas de hasta dos años de prisión.
El mismo agrega que la Ley de Fraude de 2006 contempla sanciones de hasta diez años de prisión y multas sin límite para quien haga de manera deshonesta una declaración falsa con el objetivo de obtener un beneficio o evitar una pérdida. La evasión fiscal también es un delito en el Reino Unido y puede acarrear una pena máxima de 14 años, aunque hasta el momento no se informaron acusaciones penales formales vinculadas con este expediente.
Una condena penal podría inhabilitar a responsables del club, además de abrir procedimientos disciplinarios
El expresidente del City y de la Federación Inglesa de Fútbol, David Bernstein, planteó que el caso debería ser revisado por organismos externos. Por su parte, el miembro conservador de la Cámara de los Lores, Lord Cruddas, sostuvo que una eventual falsificación de cuentas o un engaño a los auditores podría convertir el asunto en materia policial.
En el plano deportivo, una eventual condena penal hacia un empleado del club podría derivar en que quede inhabilitado para participar en la entidad. Esto sería así de acuerdo con las reglas de propietarios y directores de la Premier League.
Los próximos pasos que se adopten dependerán de las posibles apelaciones que puedan presentarse y de la decisión que tomen las autoridades externas sobre abrir o no una investigación.