Entre los 58 expedientes que acompañan a las familias del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, hay un caso que resalta en el papel, pero que en la realidad comparte el mismo drama de incertidumbre.
Es el caso de Fernando Andrés Rosales, un comerciante de 35 años que desapareció el 5 de marzo de 2022 en la ciudad de Santa Ana.
Aunque es la única causa del colectivo que ha logrado avanzar hasta los tribunales con personas detenidas, el proceso penal se encuentra atrapado en un laberinto judicial de postergaciones que impide conocer la verdad sobre su paradero.
En entrevista con Infobae, Esmeralda del Carmen Rosales reconstruye paso a paso la travesía de su familia. Desde el primer día, la búsqueda de su hermano estuvo marcada por desorientaciones institucionales, demoras procedimentales y la angustia constante de una madre y una hermana que se niegan a dejar el expediente en el olvido.
La mañana del sábado 5 de marzo de 2022, Fernando Andrés Rosales salió temprano de su vivienda en Mejicanos a bordo de su vehículo. Se dedicaba a la venta ambulante de productos variados, como ropa y detergentes, recorriendo habitualmente mercados en diferentes departamentos. Ese día decidió trasladarse hacia el Mercado Central de Santa Ana.
Acostumbrado a regresar o comunicarse entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m., el silencio en su teléfono celular encendió las alarmas de la familia al caer la tarde. Su hermana Esmeralda viajó esa misma noche hacia Santa Ana para buscarlo.
Al presentarse en las dependencias policiales para solicitar ayuda, se enfrentó a la indecisión y demoras de los agentes. La denuncia no fue procesada de inmediato, sino hasta la madrugada del 6 de marzo.
La angustia se intensificó horas después cuando los investigadores le aseguraron que Fernando se encontraba detenido en la sede del 911 de Flor Blanca, en San Salvador. Sin embargo, al trasladarse al lugar, la familia constató que se trataba de un informe equivocado.
Sin respuestas oficiales certeras, la propia familia localizó el vehículo de Fernando estacionado en una calle desolada a pocas cuadras del Mercado Central de Santa Ana.
A pesar de reportar el hallazgo a las autoridades y esperar durante horas la inspección técnica del automóvil, el cual fue decomisado para peritajes, no se entregaron informes posteriores sobre rastros o evidencias encontradas en el interior.
Evidencia en video y la persecución en la zona comercial
Con la incorporación de una abogada querellante al caso, la familia logró acceder a la información que constaba en el expediente judicial. Las investigaciones y las cámaras de videovigilancia de la zona comercial de Santa Ana permitieron reconstruir los últimos momentos en que Fernando fue visto con vida.
De acuerdo con los registros visuales y los testimonios incorporados al proceso —entre ellos el de un testigo bajo régimen de protección—, Fernando advirtió que era perseguido por un grupo de hombres mientras caminaba cerca del mercado.
En un intento desesperado por resguardarse, el comerciante ingresó a una ferretería del sector. Las cámaras captaron el momento en que los perseguidores observaban hacia el interior del establecimiento a través de los ventanales de vidrio, haciendo señas antes de simular que se retiraban del lugar.
Antes de salir del establecimiento, Fernando logró comunicarse telefónicamente con su entonces pareja para alertarle de la situación y pedirle que buscara auxilio con una patrulla policial.
Sin embargo, tras verificar que la calle parecía despejada, Fernando abandonó el local e intentó huir. En ese momento fue abordado por un grupo de aproximadamente ocho personas. Las imágenes muestran cómo fue rodeado y obligado a caminar bajo presión física por las calles aledañas, perdiéndose su rastro tras ser ingresado por la fuerza a un negocio de ropa usada de la zona.
El estado procesal: Cuatro capturas y más de 12 suspensiones de audiencia
El avance de las investigaciones permitió la detención de cuatro personas —tres hombres y una mujer— vinculadas al entorno del mercado de Santa Ana, quienes fueron procesadas por su presunta participación en la privación de libertad. A uno de los procesados se le otorgaron medidas sustitutivas a la detención, mientras que los otros tres continúan bajo prisión preventiva a la espera de la fase de instrucción.
A pesar de contar con imputados y elementos de prueba en el expediente, el caso se encuentra paralizado. La audiencia preliminar ha sido suspendida en más de 12 ocasiones por diversos motivos procesales, postergando año tras año la posibilidad de avanzar hacia un juicio.
Para la familia, la detención de los colaboradores del sector no es suficiente si no se determina el paradero de Fernando ni se identifica a los autores materiales directos que se lo llevaron de la zona.
Hoy en día, Esmeralda integra la coordinación del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, llevando la voz de su familia a las actividades públicas y legislativas del colectivo. “A mí lo que me mueve es la tristeza y el dolor de mis padres. El deseo de mi mamá es tener un lugar donde orarle, un lugar donde llevarle flores y saber que él está ahí”, concluye Esmeralda.
A más de cuatro años de la desaparición, la familia Rosales continúa exigiendo que el único caso judicializado del grupo no se convierta en un expediente más en el archivo de la impunidad.