A horas del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó -sin resolución de fondo- sin vigencia el artículo 154 del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, senadores kirchneristas y justicialistas presentaron un proyecto para restituir de forma inmediata la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales (26.737), que ponía un límite de 15% para manos extranjeras.
La iniciativa fue rubricada por la plana mayor del bloque: su jefe, el formoseño José Mayans, la cristinista Juliana di Tullio (Buenos Aires) y el titular de la bancada Justicia Social Federal -dos integrantes-, el puntano Fernando Salino. “El suelo no es una mera mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda, sino un recurso natural estratégico, finito y estrechamente ligado a la seguridad nacional”, argumentaron los legisladores.
El movimiento no sorprende. Sí resulta llamativo que, a sabiendas de una medida cautelar que podía ser frenada -o no- una vez que lo agarrara la Corte Suprema -como ocurrió-, el bloque kirchnerista no haya planteado esta cuestión cuando se aprobó en la Cámara alta, semanas atrás, la fileteada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Es decir: en medio de un momento de debilidad mileísta, el peronismo no aprovechó y se quedó con una victoria hoy efímera. Ahora, busca remendar eso y, de paso, criticar al máximo tribunal de Justicia de la Nación.
Vale recordar que, en la previa de una sesión muy compleja y de derrota casi total para La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, el oficialismo tuvo que quitar por completo el capítulo de venta de tierras a extranjeros. Y, durante el cónclave en el recinto, se cayeron también las modificaciones a la ley de Manejo del Fuego, lo que significó la vigencia de las prohibiciones -por décadas- impulsadas años atrás por Máximo Kirchner.
La otra duda que queda es que, si bien se refiere a un solo artículo, la Cámara alta ya rechazó por completo el DNU 70/23 y el tema se encuentra en cómoda siesta en Diputados. De hecho, estas normas tienen un tratamiento particular a través de la bicameral de Trámite Legislativo. “Es necesario destacar que la ley 26.737 no proscribía la inversión extranjera productiva, sino que fijaba límites razonables y concordantes con la legislación comparada de países centrales como los Estados Unidos, Brasil, Francia o Australia”, fundamentaron los senadores.
Mayans, di Tullio y Salino agregaron: “Es precisamente ante la falta de una definición judicial sobre el fondo de la constitucionalidad de la norma que este Congreso de la Nación debe asumir de manera urgente e impostergable su rol institucional como garante del dominio público y de la legalidad constitucional. No corresponde al Poder Judicial legislar sobre la conveniencia política del régimen de propiedad de las tierras, pero es responsabilidad insoslayable de este Poder Legislativo reparar la vulnerabilidad a la que ha quedado el territorio nacional”.
La norma a la que refieren las filas cristinistas y filo K establecía que personas o empresas de una misma nacionalidad no podían concentrar más del 30% de ese cupo extranjero. Además, se limitaba a 1.000 hectáreas en la zona núcleo -o una superficie equivalente, según la ubicación- la tierra a poseer por un mismo titular extranjero.
Más allá de las novedades de las últimas horas, lo cierto es que la Cámara alta se encuentra sin actividad la corriente semana y se espera no demasiada para la próxima, debido a viajes diversos de legisladores por el mundo. La sumatoria de millas suele dilatar los tiempos parlamentarios. Además, se añadiría otro inconveniente: avisar con tiempo posibles ausencias para que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, habilite con justificación cambios en las comisiones. Tiempo atrás se hartó y cerró esa canilla.