Maximiliano Piñeiro, secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que el operativo para la visita del papa León XIV tendrá como punto principal en la capital del país la misa del 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, donde las autoridades prevén la asistencia de un millón de personas y preparan un despliegue con cuatro anillos de seguridad. El Pontífice realizará su primera visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre e incluirá sitios de la provincia de Buenos Aires, como el Cottolengo de Don Orione, en Claypole; y la Basílica de Luján, además de la ciudad de Córdoba. Piñeiro explicó a Radio Con Vos que la Ciudad trabaja desde hace varias semanas con el Gobierno nacional para organizar las actividades que concentrarán público durante los primeros tres días de la visita. Además de la misa, el 10 de noviembre habrá un encuentro de jóvenes en el mismo sector de la avenida del Libertador.“El lugar está preparado para recibir más gente. Nosotros también, por supuesto, siempre sobredimensionamos la cantidad de gente por las dudas”, sostuvo el funcionario. En las próximas semanas, puntualizó, se comunicarán los accesos, las zonas afectadas, los puntos de ingreso, los lugares de atención y la ubicación de los orientadores. El secretario de Seguridad porteño señaló también que la planificación comenzó hace aproximadamente dos meses y se articula mediante un comando unificado entre la Ciudad, la Nación y la provincia de Buenos Aires. La Policía de la Ciudad tendrá la responsabilidad principal sobre el espacio urbano donde se desarrollarán las actividades. El primer perímetro estará vinculado a la presencia del Papa y contará con fuerzas federales, representantes del Vaticano y la Gendarmería de la Santa Sede. A partir de allí se desplegarán cuatro anillos para ordenar la llegada del público y el funcionamiento del evento. “Esperamos un evento pacífico, sin inconvenientes, sin problemas, pero sí la masividad nos representa un desafío importante de que todo funcione”, dijo Piñeiro. El funcionario indicó que la organización también contempla la llegada de visitantes de distintos puntos del país y de países del continente donde el Pontífice no pasará durante este viaje que, además de Argentina, incluirá Uruguay y Perú.La implementación del dispositivo policial comenzará entre el 24 y el 25 de octubre, es decir, dos semanas antes de la estadía del Pontífice, y aumentará de manera gradual hasta los días centrales de la visita. El operativo prevé la participación de 7.500 policías, 1.000 bomberos y áreas de tránsito, salud, higiene y espacio público. Piñeiro calculó que al menos 10.000 personas vinculadas al Gobierno porteño trabajarán durante esas jornadas. El SAME dispondrá de postas de salud y el operativo incluirá vallados, un sistema de comunicación adaptado a la dimensión del área y capacitaciones diarias para el personal policial. El funcionario afirmó que representantes del Vaticano ya mantuvieron contactos iniciales con las autoridades locales para revisar el esquema general de las actividades. La última visita técnica está prevista para unos 10 días antes de la llegada del Papa, con el objetivo de resolver los aspectos finales de seguridad.
Piñeiro cuestionó el sobreseimiento de menores de 15 años
Consultado por la aplicación de la nueva ley penal juvenil, Piñeiro sostuvo que los menores de 14 y 15 años representan cerca del 2% de la población y tienen una incidencia equivalente dentro de la cantidad total de detenidos en la Ciudad de Buenos Aires.
El secretario cuestionó la decisión de no intervenir sobre adolescentes involucrados en delitos. “Sobreseer a un menor de 15 años no es la solución”, sino que, a su entender, lo correcto es ”poder intervenir y poder trabajar con ese menor, si no, no lo vamos a recuperar nunca”, afirmó.
Según Piñeiro, la intervención estatal debe incluir medidas de reinserción social, atención psicológica y seguimiento, más allá de las restricciones de libertad que puedan disponerse en los casos extremos. También remarcó que la detención no constituye la única respuesta prevista para los adolescentes.
La Ciudad cuenta con tres establecimientos de alojamiento para menores, recordó: Belgrano, Inchausti y San Martín. El funcionario aclaró que los adolescentes no son llevados a comisarías ni mezclados con población adulta, sino derivados a un centro de admisión especializado con personal adaptado a ese primer contacto.
“Los menores de 14 y 15 años tienen muchas otras medidas de seguimiento, de readaptación, de obligación de concurrir a determinados lugares”, señaló Piñeiro. “Tenemos que hacerle un seguimiento a ese menor desde el Estado para poder, a tiempo, rehabilitar esa conducta que está teniendo”.
La Ciudad atribuyó a Tormenta Negra una baja del 70% de los homicidios en villas
Por otra parte, Piñeiro defendió el operativo Tormenta Negra, cuestionado por la Iglesia, y afirmó que los procedimientos de saturación policial en barrios populares se realizan todos los días. La diferencia de ese dispositivo, explicó, es que reúne de manera simultánea más recursos en distintos asentamientos.
El funcionario vinculó esas intervenciones con una reducción del 70% de homicidios en los barrios más vulnerables desde el inicio de la gestión de Jorge Macri. “La intervención territorial, el trabajo frontal contra el delito, el secuestro de armas, la detención de gente que se dedica a la droga y personas que están siendo buscadas por la Justicia” forman parte de la estrategia, sostuvo.
También afirmó que los registros de los últimos 24 meses muestran una baja sostenida de delitos en todas sus modalidades. Como indicador, mencionó que actualmente hay menos robos de automóviles que durante la pandemia, cuando la circulación estaba restringida.
Sobre los arrebatos y hurtos de teléfonos, Piñeiro diferenció el robo con violencia del accionar de los punguistas. La Ciudad apuntó a los comercios que recibían celulares sustraídos, los reparaban o los devolvían al mercado, dijo.
A partir de un decreto de emergencia dictado hace aproximadamente un mes y medio, las autoridades inspeccionaron comercios y clausuraron cerca de 120 locales. Allí secuestraron equipamiento para desarmar teléfonos, dispositivos robados y avanzaron contra propietarios de establecimientos donde terminaban esos aparatos.