Honduras estudia la posibilidad de incorporar nuevas herramientas legales y penitenciarias inspiradas en las políticas de seguridad de El Salvador, luego de que diputados hondureños iniciaran un acercamiento con autoridades legislativas de ese país para conocer las medidas impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele contra las estructuras criminales.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que el Poder Legislativo trabaja en un convenio de cooperación con la Asamblea Legislativa salvadoreña, con el propósito de intercambiar experiencias y evaluar qué disposiciones podrían adaptarse al sistema jurídico hondureño.
La delegación hondureña está integrada por diputados de las comisiones de Seguridad y Defensa, quienes sostuvieron reuniones con representantes legislativos salvadoreños para conocer los procedimientos aplicados en materia de seguridad pública, justicia penal y administración penitenciaria.
Uno de los puntos centrales de la visita será el recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión salvadoreña destinada a personas consideradas de alta peligrosidad y vinculadas con estructuras criminales.
Según Zambrano, conocer el funcionamiento de ese establecimiento permitirá evaluar alternativas para mejorar la infraestructura penitenciaria de Honduras, incluida la construcción de nuevos módulos y centros destinados a albergar a privados de libertad clasificados como peligrosos.
El titular del Poder Legislativo señaló que el Congreso prepara una serie de reformas relacionadas con los procedimientos de investigación, la detención de sospechosos y las condiciones de reclusión de personas vinculadas con maras y pandillas.
Entre las medidas que se encuentran bajo análisis figura la ampliación de los plazos de detención, una propuesta que modificaría los tiempos disponibles para las autoridades en determinadas actuaciones relacionadas con investigaciones penales.
También se estudian posibles cambios en las disposiciones sobre allanamientos sin orden judicial en casos vinculados con grupos criminales, así como restricciones a determinados beneficios penitenciarios para personas condenadas por delitos relacionados con estas estructuras.
Las propuestas deberán someterse a revisión jurídica para determinar sus alcances y las condiciones bajo las cuales podrían aplicarse en Honduras. Su eventual aprobación implicaría discutir los procedimientos vigentes y las garantías legales correspondientes.
Otro de los asuntos mencionados por Zambrano es la regulación de los tatuajes asociados con maras y pandillas. El congresista aclaró que la iniciativa estaría dirigida a símbolos relacionados con esas organizaciones criminales y no a expresiones artísticas, diseños personales o tatuajes familiares.
La distinción busca delimitar el alcance de la propuesta, aunque sus criterios concretos de aplicación dependerán de la redacción que finalmente se presente y discuta en el Legislativo.
La delegación también prevé examinar las disposiciones hondureñas sobre responsabilidad penal de menores de edad, tomando como referencia la legislación salvadoreña.
Este tema forma parte del intercambio de experiencias entre ambos países y abre la discusión sobre las diferencias entre sus marcos legales para procesar a adolescentes vinculados con actividades delictivas.
Zambrano manifestó que espera recibir la opinión de la Corte Suprema de Justicia sobre las reformas que prepara el Congreso Nacional. Con ese criterio jurídico, los diputados podrán avanzar en la discusión de las propuestas y determinar cuáles podrían someterse a consideración y eventual aprobación.
La construcción de infraestructura penitenciaria también figura entre los asuntos que el Congreso busca examinar durante el acercamiento con El Salvador.
Zambrano indicó que el propósito es identificar medidas que puedan responder a las necesidades de Honduras, sin dar por definida todavía la construcción de una nueva prisión bajo el modelo salvadoreño.
Por otra parte, el presidente del Congreso aclaró que los recursos procedentes de fondos vinculados con ciudadanos afectados por el caso Koriun no se incorporarían al esquema de financiamiento anunciado para las instituciones de seguridad.