Un tercio de los presos que son liberados por día en Uruguay son parte de un círculo que parece nunca romperse: como no tienen un lugar al que ir, terminan viviendo en la calle, expuestos a delinquir de nuevo y volver a prisión. Cada día salen, en promedio, 33 presos de los penales y nueve de ellos no tienen un domicilio registrado. En muchos casos, tampoco tienen un familiar que se haga cargo.
Esta realidad fue expuesta por la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, al exponer en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Este instituto es el encargado de gestionar las cárceles en el país. En ese ámbito se debate un proyecto de ley llamado Liberación de personas privadas de libertad en la ciudad del último domicilio conocido.
La cantidad de presos liberados en Uruguay no tiene grandes diferencias según los meses. Solo hay dos excepciones: en diciembre, en la previa de la feria judicial, aumentan las libertades; en enero, se reducen porque la Justicia está en su receso. Son 886, en promedio, las excarcelaciones mensuales en el país, según cifras presentadas por Juanche.
El 60% de las liberaciones se produce en el área metropolitana y el restante 40% en el interior del país.
La falta de arraigo
Unas 4.500 personas fueron liberadas entre enero de 2025 y junio de 2026 de las cárceles uruguayas y dijeron no tener un domicilio registrado. Representan un 28% del total. El restante 72%, la gran mayoría, sí supieron establecer una dirección.
¿Qué significa que estos presos no tengan domicilio? Juanche los describió: “Son personas que transitan por distintos arreglos habitacionales, muchas en situación de calle, muchas cambian de domicilio frecuentemente, característica bastante connotada de los perfiles criminológicos de nuestro país”.
En otras palabras, continuó, andan como “a salto de mata”: viven huyendo, sin tener un plan fijo, improvisando y aprovechando cualquier casualidad.
“Esto también va aparejado con la ruptura de las redes socioafectivas y de los vínculos familiares y explica que un gran porcentaje, casi el 30 %, no tenga el arraigo”, describió Juanche.
Estas personas quedan viviendo en la calle, deambulando y “proclives a cometer nuevos delitos fuera de sus ciudades”.
A veces ocurre que ni los propios familiares se quieren hacer cargo. A las autoridades de las cárceles muchas veces les pasa que, cuando se contactan con un pariente del preso, la respuesta del otro lado es: “No, acá no me lo mandes porque yo no me voy a hacer cargo de él”.
Presos sin documentos
Pero más allá de la cantidad de presos que no tiene dirección, hay un porcentaje aun mayor que no tiene un documento de identidad: ocho de cada 10 presos tienen su cédula (como se le llama en Uruguay a esta identificación) vencidas o directamente no tienen cédula.
Las autoridades se han encontrado con presos que tienen todavía el documento de identidad con la foto de cuando eran niños, graficó el secretario del INR, Fabián Rosano.
El gobierno uruguayo se puso como meta que el 35% de los presos tengan su cédula de identidad vigente.
Un alto porcentaje de los privados de libertad en Uruguay tampoco tiene credencial cívica, el documento requerido para las elecciones. Esto quiere decir que todavía no han votado.
Más del 40% de la población privada de libertad es menor de 30 años y tiene, en palabras de Juanche, “trayectorias bastante robustas de exclusión”. “Es altamente probable que haya un enorme porcentaje que nunca votó y que ni siquiera nunca tramitó la credencial cívica. Esto es altamente probable”, comentó ante legisladores.
Más cárceles en Montevideo
La mayor cantidad de cárceles de Uruguay se encuentra en Montevideo y sus alrededores. Esto responde a un fenómeno histórico que muestra que en el interior del país los delitos son menos “menos severos” –como los llamó Juanche– respecto a la capital del país. Sin embargo, en algunas zonas del interior los niveles de violencia también se han agudizado.
Además, en general, las cárceles de Montevideo reciben los traslados de los criminales con perfiles más complejos. Son aquellos que están vinculados al crimen organizado, que cometen los delitos más graves o que son responsables de casos que generaron una importante conmoción en sociedades locales.
De todas las personas que son imputadas en Uruguay, casi la mitad (el 52%) lo es en Montevideo y se queda en la capital; en tanto, un 34 % es imputada en el interior y es liberada también en el interior. Las personas que son formalizadas en el interior y van a una cárcel en Montevideo representan al 10%. El restante 4% es de delincuentes imputados en el área metropolitana y liberados en el interior.