Un gremio docente de la provincia de Buenos Aires anunció un paro de 48 horas tras rechazar la mejora salarial que presentó la administración de Axel Kicillof. Se trata de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que se diferenció del resto de los sindicatos, como SUTEBA, que aceptaron la propuesta.
La nueva medida de fuerza se definió este martes en el Congreso Extraordinario para tratar la oferta del gobierno bonaerense y se aplicará el jueves con las primeras 24 horas. La presidenta del gremio, Liliana Olivera, justificó la medida de fuerza ante “una oferta salarial que de ninguna manera alcanza para comenzar a recomponer los salarios del sector”.
Además, la dirigente manifestó que “veníamos advirtiendo sobre la necesidad de no dilatar los tiempos de convocatoria y, fundamentalmente, de presentar una propuesta que logre una verdadera recomposición salarial, teniendo en cuenta que el último incremento se cobró en agosto”. La referencia apuntó directamente al Ejecutivo provincial, al que la federación le atribuye demoras en la apertura de las negociaciones paritarias y una oferta que consideró insuficiente frente al deterioro acumulado en los haberes del sector.
El ofrecimiento que el gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó el viernes pasado contemplaba un aumento del 6% distribuido en dos tramos. Esa cifra no logró convencer a los congresales de la FEB, quienes, tras consultar con las bases de los distintos distritos, trasladaron al Congreso Extraordinario un rechazo generalizado. Para la organización gremial, el porcentaje propuesto no alcanza a compensar la pérdida de poder adquisitivo que arrastra el salario docente desde la última actualización percibida dos meses atrás.
“Los congresales reclamaron hoy también sobre una constante sobrecarga de tareas, que se manifiesta en condiciones laborales cada vez peores”, señaló Olivera. La presidenta del gremio describió un escenario en el que los educadores asumen funciones que exceden sus responsabilidades pedagógicas, situación que, según la federación, se agravó en los últimos ciclos lectivos sin que la administración provincial ofreciera respuestas concretas.
A ese planteo se sumaron exigencias dirigidas al gobierno nacional. La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses remarcó que “le estamos solicitando al gobierno nacional la restitución del FONID, mayor presupuesto para Educación, y la defensa de los fondos del IPS y del IOMA, que es un reclamo sostenido por FEB en los últimos años”.
La decisión de la FEB profundiza las diferencias dentro del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), el espacio que agrupa a los principales gremios del sector en la provincia. Mientras el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) aceptaron la propuesta del gobernador Kicillof, la federación optó por rechazarla y convocar a una medida de fuerza.
Un factor determinante en la resolución fue la presión ejercida por las bases sobre la conducción del gremio. Un día antes de la definición, Olivera había anticipado que la decisión quedaría en manos de los afiliados: “Como siempre, serán las bases quienes decidan si aceptan o no el porcentaje de aumento presentado por el gobierno provincial”. El descontento generalizado de los docentes terminó por definir tanto el rechazo a la oferta oficial como la convocatoria al paro de 48 horas.
La nueva medida de fuerza se produce apenas días después de otra jornada de protesta que tuvo lugar el 15 de octubre, cuando los gremios del FUDB realizaron un paro de 24 horas que coincidió con una jornada nacional de reclamos educativos y la quinta Marcha Federal Universitaria. En aquella oportunidad, el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, desplegó un operativo de fiscalización en escuelas bonaerenses. El relevamiento detectó 61 establecimientos cerrados sobre 128 actas labradas, un ausentismo del 83,1% por establecimiento y 20 casos en los que se impidió el ingreso de los inspectores. El ministerio fundamentó su intervención en la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), que declaró a la educación como servicio esencial y estableció que durante una huelga debe garantizarse al menos el 75% de la prestación habitual. Tras esos resultados, el Gobierno nacional anticipó que iniciaría un proceso sancionatorio contra los sindicatos involucrados.