El consorcio encabezado por Rowing S.A., empresa de ingeniería fundada por Walter Román, junto a Transclor, del empresario Mauricio Filiberti, presentó una oferta de USD 340 millones por el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y obtuvo la concesión para operar la empresa durante 30 años. La decisión se conoció este jueves, tras la apertura de los sobres económicos de la licitación impulsada por el Gobierno nacional.
La compañía presta servicios de agua potable y cloacas a unos 14 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comprende la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses. El adjudicatario deberá hacerse cargo de la operación completa entre enero y febrero de 2027, de acuerdo con el cronograma previsto en el pliego.
El resultado puso fin a un proceso que dejó a dos grupos en competencia por el control de la compañía estatal. La oferta del consorcio liderado por Román superó la presentada por el grupo Roggio, que ofreció USD 285 millones por las acciones que permanecían en manos del estado.
Uno de los grupos que había quedado en carrera estaba encabezado por Roggio ROAS, vehículo del Grupo Roggio. La propuesta reunió además a Benito Roggio e Hijos, Aguas del Plata Participaciones, Hidrosan Capital y Central Buen Ayre. El grupo opera Aguas Cordobesas y también participa en el transporte porteño mediante Emova Movilidad y Metrovías.
El otro consorcio fue liderado por Rowing S.A., empresa de ingeniería fundada por Walter Román. Lo integraron Transclor, Arcos Saneamento e Participações y el fondo PHX Aqua AR B.V., con sede en los Países Bajos. Transclor pertenece a Mauricio Filiberti y provee policloruro de aluminio para la potabilización del agua de AySA desde 2009. Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav de Brasil, aporta la experiencia internacional de esa oferta. La firma opera el servicio de agua y alcantarillado de Río de Janeiro bajo la marca Águas do Rio, luego de obtener una concesión en 2021.
El contrato exige inversiones por hasta USD 15.000 millones
La concesión adjudicada tendrá una vigencia de 30 años y podrá extenderse por otros 10. El operador no debía definir ni un programa de inversiones propio ni una propuesta tarifaria para competir, porque ambos aspectos ya estaban establecidos en el pliego. Por eso, el precio ofrecido por las acciones fue la variable central de la compulsa.
El contrato exige una inversión mínima de USD 2.000 millones durante los primeros cinco años. Para todo el período inicial de la concesión, las obligaciones de infraestructura se ubican entre USD 13.000 millones y USD 15.000 millones. Las redes, plantas, bombas y cañerías que se incorporen al sistema permanecerán como activos estatales al finalizar el vínculo contractual.
Las metas previstas incluyen una cobertura de agua potable del 75,3 % hacia fines de 2031 y del 90 % al concluir los 30 años. En saneamiento, el objetivo es pasar al 63,9 % en 2031 y al 75 % al cierre del plazo. La cobertura universal de ambos servicios quedó proyectada para una eventual extensión de una década.
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